El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió a las críticas por la reducción de los recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. El titular de la cartera fue enfático en su mensaje y pidió a los críticos que “dejen de quejarse”, según reportó Infobae.
Cancino sostuvo que el tribunal de paz debe adecuar su funcionamiento a la realidad fiscal que atraviesa el país. En su lectura, el ajuste no responde a una decisión discrecional sino a una necesidad de ordenar el gasto público frente a un escenario de recursos limitados.
Como argumento central, el ministro señaló que la JEP no ha ejecutado la totalidad de los recursos asignados en ejercicios fiscales anteriores. Esa subejecución, explicó, es la base sobre la cual se sustenta la decisión de reducir la apropiación presupuestal para el próximo año.
La JEP fue creada por el Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Su financiación proviene del Presupuesto General de la Nación y su operación ha sido objeto de debate recurrente por los montos que recibe y por la velocidad con la que ejecuta sus recursos.
La discusión sobre los recursos de la JEP no es nueva. Distintos gobiernos han debido explicar ante el Congreso y la opinión pública los criterios con los que se fija la partida para esta jurisdicción, especialmente porque sus funciones están delimitadas en el tiempo y atadas a un mandato específico relacionado con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El recorte anunciado para 2027 se inscribe en un contexto más amplio de ajuste fiscal. El Gobierno ha sido reiterativo en señalar la necesidad de priorizar el gasto, reducir el déficit y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo cual ha implicado revisiones en distintos sectores del Estado.
Las declaraciones del ministro llegan en un momento en el que la JEP atraviesa varias fases de su trabajo, incluyendo el trámite de comparecencias, la construcción de los macrocasos y la entrega de decisiones sobre responsables individuales. Una reducción presupuestal puede tener efectos sobre la capacidad operativa del tribunal para cumplir con los plazos y metas definidas en su mandato.
La reacción de Cancino busca cerrar la discusión pública sobre el tema y dejar claro que, en criterio del Ministerio de Justicia, la medida es técnicamente justificada. No obstante, la decisión final sobre los recursos de la JEP corresponde al Congreso de la República, donde el presupuesto debe surtir su trámite de aprobación.
Queda por verse cómo reaccionarán los sectores que han respaldado el funcionamiento de la JEP, incluidos magistrados de la propia jurisdicción, organizaciones de víctimas y sectores políticos que consideran la justicia transicional un pilar del Acuerdo de Paz. El debate presupuestal de 2027 será el escenario donde se concrete el monto definitivo.