Un grupo de trabajadores vinculados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantiene una protesta que incluye bloqueos en diferentes puntos del país, según reportó Infobae. La manifestación exige la continuidad laboral de los escoltas y mayor transparencia en la asignación de nuevos cargos dentro de la entidad.
El Ministro de Trabajo respondió a la orden emitida por el presidente Gustavo Petro frente a esta protesta. El funcionario aseguró que el bloqueo no goza de legalidad, una declaración que abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y los manifestantes.
La UNP es la entidad estatal encargada de asignar esquemas de protección a personas que enfrentan riesgos extraordinarios por su labor. Entre los beneficiarios se encuentran líderes sociales, excombatientes en proceso de reincorporación, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos amenazados.
El Gobierno advirtió que los bloqueos afectan de manera directa la atención a personas que dependen de esquemas de seguridad para el desarrollo de su vida cotidiana. Según la misma fuente, la interrupción en la operación de la UNP pone en riesgo a quienes requieren escolta para movilizarse por el territorio nacional.
Los trabajadores agrupados en el sindicato de la UNP sostienen que la protesta responde a preocupaciones concretas sobre el futuro de cientos de familias que dependen de los contratos con la entidad. Piden que se aclaren los criterios para los nuevos cargos y que se garantice la estabilidad de quienes ya prestan el servicio de escolta.
La continuidad de los bloqueos mantiene un pulso entre dos partes con posiciones firmes. Por un lado, el Ejecutivo defiende la legalidad de la operación de la UNP y la necesidad de mantener los servicios de protección sin interrupciones. Por el otro, los manifestantes piden condiciones laborales estables y procesos de contratación transparentes.
Desde la perspectiva de los beneficiarios de la UNP, la prolongación del conflicto representa un riesgo directo. Las personas con esquemas de protección dependen de los escoltas para actividades básicas como traslados, reuniones y visitas a comunidades, por lo que cualquier interrupción operativa puede limitar su movilidad y exponerlos a situaciones de mayor vulnerabilidad.
Queda por resolver si las partes abren una mesa de negociación que permita levantar los bloqueos y atender los reclamos laborales. Mientras tanto, la atención a personas con esquemas de seguridad sigue siendo el punto más sensible de esta disputa, según la información publicada por Infobae.