El Ministerio del Interior presentó un decreto que busca reglamentar el protocolo de la protesta social en Colombia. Según la información publicada, el texto estará sometido a comentarios de la ciudadanía hasta el 4 de octubre, fecha antes de la cual se recibirán observaciones previas a su entrada en vigor.
El titular de la cartera, en declaraciones recogidas en el titular de la nota fuente, expuso el alcance de la nueva norma con una frase de doble componente. Por un lado, afirmó que el diálogo continúa con quien ejerce el derecho a la marcha. Por otro, planteó que se actuará contra quien agreda, en línea con la facultad de las autoridades de proteger a quienes participan en las manifestaciones y a terceros.
La protesta social está reconocida como un derecho fundamental en la Constitución colombiana y ha sido escenario de importantes jornadas ciudadanas en las últimas décadas. Cualquier reglamentación operativa sobre este derecho suele generar debate entre el Gobierno, las organizaciones de derechos humanos, los gremios y los movimientos sociales, por el equilibrio entre la garantía de la movilización y la preservación del orden público.
El procedimiento de consulta pública mediante comentarios es un mecanismo habitual en la expedición de decretos en Colombia. Permite que personas naturales, jurídicas y sectores organizados envíen observaciones al texto antes de su adopción definitiva. Una vez cerrada la etapa del 4 de octubre, el Ministerio evaluará los comentarios y, si lo considera, ajustará la norma.
En la práctica, el decreto impacta a tres grupos diferenciados. A los organizadores de marchas les fija reglas de coordinación con las autoridades. A los manifestantes les delimita el marco de actuación permitido. A la fuerza pública le precisa criterios para el acompañamiento y la intervención, en un contexto donde episodios de uso desproporcionado de la fuerza han sido objeto de investigaciones y sanciones disciplinarias en años recientes.
La distinción que planteó el ministro entre marchar y agredir es el eje discursivo de la iniciativa. Esa separación busca, según el enfoque del Gobierno, proteger el ejercicio legítimo de la protesta al tiempo que se garantiza la seguridad de bienes y personas. Críticos de anteriores protocolos han señalado que la línea entre una y otra conducta suele definirse en la calle, durante la actuación policial.
Organizaciones sociales y de derechos humanos suelen aprovechar las ventanas de consulta para pedir precisiones sobre el uso de la fuerza, el rol de la Policía Nacional y la figura de los gestores de convivencia. El cierre del 4 de octubre deja poco más de un mes para que esas observaciones lleguen formalmente y sean consideradas antes de la aplicación oficial del decreto.
Quedan pendientes varios elementos por esclarecer en las próximas semanas. El Ministerio deberá publicar el texto completo del decreto y los canales habilitados para recibir comentarios. También se conocerán los plazos de transición entre la expedición formal y el inicio de la aplicación, así como los mecanismos de seguimiento ciudadano al protocolo una vez entre en vigor.