El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró el alcance de la orden del presidente Abelardo de la Espriella sobre los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia. Según Infobae, el funcionario respondió con la frase «de ninguna manera» al ser preguntado sobre el contenido concreto de la determinación presidencial.
En su intervención, Lara vinculó el tema migratorio con la problemática de la trata y el tráfico de personas en la región del Darién. El ministro señaló que organizaciones criminales han transformado el paso de migrantes por esa zona en una fuente de lucro, lo que convierte a esa frontera en uno de los focos de preocupación del Ejecutivo.
El corredor del Darién, selvático y ubicado entre Colombia y Panamá, ha sido durante los últimos años la ruta terrestre más transitada por personas que buscan llegar a América del Norte. Organizaciones internacionales han documentado el papel de redes delincuenciales que cobran sumas a los migrantes y, en muchos casos, los exponen a situaciones de explotación.
La aclaración del ministro se produce después de que la orden presidencial generara interrogantes sobre el estatus legal de los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia. Lara buscó situar la discusión en el terreno institucional y descartó, al menos en esa declaración, medidas unilaterales al margen de la ley.
El Gobierno de De la Espriella ha hecho de la política migratoria uno de los ejes de su discurso. La presencia de migrantes venezolanos, que se ha consolidado como el flujo migratorio más grande en la historia reciente del país, plantea retos en materia de regularización, empleo y seguridad.
Para los ciudadanos, el anuncio implica que cualquier decisión sobre permisos de permanencia, expulsiones o controles deberá pasar por el debido proceso. La Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional han sido llamadas históricamente a intervenir cuando se adoptan medidas que afectan los derechos de esta población.
La mención del Darién pone de relieve la dimensión regional del fenómeno migratorio. Colombia comparte frontera con Venezuela y Panamá, y las políticas sobre tránsito de personas requieren coordinación con los países vecinos, especialmente con Panamá, por donde continúa el flujo hacia el norte.
Organizaciones sociales han pedido que cualquier cambio en la política migratoria se haga con respeto al derecho internacional y a los principios de no devolución. También han solicitado claridad sobre los plazos, los criterios de regularización y los mecanismos de protección para solicitantes de asilo.
Por ahora, el Ejecutivo no ha publicado el texto oficial de la orden ni los actos administrativos que la desarrollen. La ciudadanía y los migrantes aguardan la normatividad complementaria que concrete los lineamientos anunciados por el presidente y explicados por el ministro Lara.
Según Infobae, la declaración del ministro abre un compás de espera en el que las autoridades migratorias, la Cancillería y las entidades territoriales deberán alinear sus procedimientos con la nueva directriz presidencial.