El presidente Abelardo De La Espriella firmó varios decretos para continuar con la conformación de su equipo. Los movimientos fueron dispuestos en el marco del arranque de su gobierno y buscan completar los cuadros directivos de entidades del Estado que dependen de la Casa de Nariño o de los ministerios. La decisión se conoció esta semana y se suma a los nombramientos previos que el Ejecutivo ha venido realizando desde el inicio del mandato.
Dentro de esos decretos se incluye el que designa al ministro del Interior, Rodrigo Lara, como director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La UNP es la entidad encargada de evaluar el riesgo y asignar esquemas de protección a personas cuya vida e integridad está amenazada por el conflicto armado, la violencia política o la actividad criminal. Su dirección ha sido una de las posiciones más sensibles del Estado por la cantidad de protegidos y por el costo fiscal de esos esquemas.
La acumulación de funciones en cabeza de un ministro del Interior no es nueva en la tradición administrativa colombiana. En varias ocasiones, esa cartera ha asumido de manera transitoria el liderazgo de entidades adscritas, mientras se designa a un titular definitivo que debe pasar por el proceso de hoja de vida y, cuando corresponde, por el trámite ante la comisión constitucional respectiva. La encargatura suele operar como un puente hasta que se resuelva la persona que ocupará el cargo en propiedad.
La Unidad Nacional de Protección ha estado en el centro del debate público durante los últimos años por el volumen de protegidos, que reúne a líderes sociales, excombatientes en proceso de reincorporación, funcionarios, periodistas y víctimas. Cualquier cambio en su dirección suele ser leído por estos sectores como una señal sobre las prioridades del gobierno en materia de seguridad personal y prevención de la violencia. Por eso los anuncios sobre su conducción son seguidos de cerca por organizaciones de derechos humanos y por la Mesa de Coordinación Estratégica.
El Ministerio del Interior, que Lara encabezará en propiedad, tiene entre sus funciones la coordinación de la relación del Ejecutivo con el Congreso, las autoridades territoriales y los partidos políticos. Esa cartera suele ser la articuladora de políticas como la seguridad ciudadana, la protección de líderes y la atención a emergencias sociales. Al sumar la encargatura de la UNP, la cartera queda al frente de un presupuesto y una planta de personal adicionales, en un momento en que el gobierno debe definir la estrategia para el cuatrienio.
Desde la llegada del nuevo gobierno, la conformación del equipo ministerial y de las entidades descentralizadas se ha dado por decretos firmados por el presidente De La Espriella y publicados en el Diario Oficial. El procedimiento habitual consiste en que la Casa de Nariño postula candidatos, verifica requisitos y expide el decreto de nombramiento. Una vez publicado, la persona designada se posesiona ante la autoridad competente, lo que activa las funciones formales del cargo.
Con esta designación, las preguntas se concentran en la duración de la encargatura y en quién llegará a la dirección titular de la UNP. En el pasado, los gobiernos han nombrado a perfiles con experiencia en seguridad, derechos humanos o gestión pública para encabezar la entidad, con el fin de dar continuidad a los programas de protección. La discusión sobre el modelo de protección y la cobertura de los esquemas vuelve a quedar abierta con este relevo.
Por ahora, la orden del presidente es que Lara asuma de inmediato las funciones propias del director encargado, mientras se surten los trámites para un nombramiento en propiedad. El decreto fija que las decisiones de la entidad se seguirán tomando con apego a los protocolos de evaluación de riesgo vigentes, hasta que el gobierno comunique los ajustes que considere pertinentes.