El Ministro del Interior desmintió que el gobierno nacional tenga como meta eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz. La declaración, recogida por Infobae, buscó apagar una controversia que se había instalado desde el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026 en una ceremonia en el Cantón Militar Pichincha, en Cali.
Entre las medidas anunciadas en esa primera jornada de gobierno figuró la reducción del presupuesto asignado a la JEP, decisión que abrió el debate público sobre el rumbo de la justicia transicional en Colombia. Sectores políticos, víctimas del conflicto y organizaciones de derechos humanos cuestionaron el ajuste por considerar que podía poner en riesgo el funcionamiento del tribunal creado por el Acuerdo de Paz de 2016.
Frente a esa lectura, el titular de la cartera política fue enfático en señalar que la intención del Ejecutivo no es suprimir esa jurisdicción. El pronunciamiento llegó después de varios días de especulaciones sobre el alcance real de las propuestas atribuidas al nuevo gobierno.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, nacido de los acuerdos entre el Estado colombiano y las FARC. Su misión es juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado y ofrecer reparación a las víctimas. Desde su puesta en marcha en 2018, ha enfrentado tensiones presupuestales y políticas, además de debates sobre su competencia y sus procedimientos.
Para las víctimas acreditadas ante la Jurisdicción, el funcionamiento del tribunal es una pieza central del proceso de reparación. Cualquier modificación en su presupuesto o en su estructura institucional suele ser leída como una señal sobre el compromiso del gobierno de turno con la implementación de los acuerdos. Por eso el recorte anunciado encendió de inmediato las alertas.
El Ejecutivo no ha detallado aún el monto de la reducción ni las partidas específicas que se verían afectadas. Tampoco se ha precisado si la medida implicará el cierre de salas, la fusión de instancias o una simple contención del gasto operativo. Esa ausencia de información técnica ha alimentado la incertidumbre entre los sectores que siguen de cerca el proceso.
Ahora la atención se traslada al Congreso de la República, donde cualquier modificación al presupuesto de la JEP requiere el aval legislativo. También queda pendiente un pronunciamiento más amplio del presidente Abelardo de la Espriella sobre el futuro de la justicia transicional, que despeje las dudas que dejó el paquete de medidas iniciales.
Por lo pronto, la declaración del Ministro del Interior marca un primer intento del nuevo gobierno por diferenciar entre un ajuste fiscal y una decisión política de fondo. La frase 'no queremos eliminar la JEP' resume esa intención, aunque deja abierta la pregunta sobre cómo se sostendrá financieramente el tribunal en los próximos años.