El ministro designado de Ambiente, Fabio Arjona, se pronunció públicamente sobre la decisión del Gobierno de levantar la licencia ambiental del proyecto del Canal del Dique. En sus declaraciones, defendió la medida y cuestionó los estudios y trámites ambientales que se habían adelantado en la administración anterior, según reportó Infobae.
Arjona sostuvo que esos procesos previos habrían representado un riesgo para las comunidades que habitan en la zona de influencia del canal. La afirmación se convierte en uno de los primeros pronunciamientos del funcionario designado sobre el manejo ambiental de esta obra, que es una de las más relevantes en la costa Caribe colombiana por su conexión entre el río Magdalena y la bahía de Cartagena.
El Canal del Dique es una obra de infraestructura hidráulica que lleva siglos funcionando de manera natural y que fue intervenida con un megaproyecto de restauración ambiental y navegación. La licencia ambiental es el instrumento que define las condiciones bajo las cuales se pueden ejecutar las obras, con el fin de proteger los ecosistemas y a las poblaciones ribereñas.
Durante el Gobierno Petro, el proyecto atravesó distintos ajustes en sus estudios de impacto ambiental y en los permisos requeridos. Esos ajustes fueron precisamente los que el ministro entrante puso en tela de juicio, al afirmar que comprometían la seguridad de los habitantes locales.
La decisión de levantar la licencia ambiental implica que el proceso de evaluación ambiental debe reiniciarse, lo que puede retrasar el inicio de obras físicas. Este tipo de decisiones generan efectos directos sobre los cronogramas contractuales y sobre las expectativas de las comunidades que esperan obras de mitigación de inundaciones y de restauración de ciénagas.
El pronunciamiento de Arjona marca también el tono que tendría la nueva administración frente a los procesos ambientales heredados. Al cuestionar de manera directa los estudios previos, el ministro abre un debate sobre la idoneidad técnica de los análisis realizados y sobre las motivaciones que habrían llevado a modificarlos.
Para los habitantes de municipios como Calamar, Repelón, Soplaviento y San Cristóbal, en los departamentos de Bolívar y Atlántico, el avance del proyecto es determinante. Estas poblaciones han soportado históricamente inundaciones y alteraciones en sus fuentes de agua, por lo que cualquier decisión sobre la licencia ambiental tiene efectos directos en su vida cotidiana.
Queda por conocer cómo se desarrollará el nuevo proceso de licenciamiento y en qué plazos se abrirá la convocatoria para los estudios técnicos que sustenten una nueva decisión. También se espera que las autoridades regionales y los gremios involucrados se pronuncien sobre los argumentos del ministro entrante y sobre el futuro inmediato del proyecto.