En una entrevista concedida al semanario SEMANA, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió al debate sobre la fumigación aérea en Colombia, un tema que ha dividido a distintos sectores del país durante décadas. El jefe de la cartera sostuvo que este Gobierno respeta el derecho internacional humanitario, así como el principio de precaución, al abordar la cuestión.
La fumigación aérea con glifosato fue suspendida en 2015 tras una decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, y la Corte Constitucional condicionó su posible reactivación al cumplimiento de varios requisitos ambientales y de salud pública. La discusión sobre su retorno se reactivó en años recientes, con voces a favor que argumentan la necesidad de enfrentar los cultivos de uso ilícito y voces en contra que señalan riesgos para las comunidades, los ecosistemas y la salud.
Cancino enmarcó su pronunciamiento en el respeto al principio de precaución, una figura del derecho internacional que obliga a los Estados a tomar medidas de protección cuando existen amenazas graves para la salud o el ambiente, incluso ante la incertidumbre científica. Su declaración se produjo en un contexto de revisión de la política de drogas y de acercamientos entre el Ejecutivo y distintos actores del sistema judicial y de derechos humanos.
La postura del ministro tiene implicaciones directas para la ciudadanía. En las zonas donde se han presentado históricas aspersiones aéreas, comunidades campesinas e indígenas han reportado afectaciones a cultivos lícitos, fuentes de agua y suelos. Organizaciones de derechos humanos y ambientales han pedido en reiteradas ocasiones que cualquier decisión sobre el tema pase por evaluaciones independientes y por la consulta previa a las comunidades afectadas.
Desde el lado del Gobierno, distintos funcionarios han defendido la fumigación aérea como una herramienta complementaria dentro de la estrategia de lucha contra el narcotráfico, mientras sectores políticos y judiciales han pedido respetar los fallos de la Corte Constitucional. La intervención de Cancino, como jefe de la cartera de Justicia, se suma a ese cruce de posiciones y pone el acento en el marco normativo internacional.
El ministro no entregó detalles operativos sobre el programa de aspersiones, pero su mención al derecho internacional humanitario resulta significativa porque vincula la política de drogas con las normas que rigen los conflictos armados y la protección de la población civil. En Colombia, ese cuerpo normativo es aplicado por el Ministerio Público, la Jurisdicción Especial para la Paz y distintos organismos internacionales que observan el conflicto.
La entrevista con SEMANA deja abierta la expectativa sobre los pasos que seguirá el Gobierno en esta materia. Queda por conocer si la cartera de Justicia emitirá conceptos formales, si el Consejo Nacional de Estupefacientes retomará la discusión o si la decisión quedará en manos de la Corte Constitucional, que en el pasado ya fijó condiciones estrictas para cualquier eventual reanudación de las aspersiones.
En el debate público, las reacciones suelen dividirse entre quienes piden una política más firme contra los cultivos ilícitos y quienes defienden la erradicación manual como alternativa. La intervención de Cancino puede leerse como un intento del Ministerio de Justicia de fijar un marco de principios antes de que avance cualquier decisión operativa sobre la fumigación aérea.