El Ministerio de Vivienda entregó un balance preliminar de la auditoría interna que adelanta sobre proyectos de agua potable y vivienda que arrastraban giros de dinero público sin obras terminadas. El ministro Jaime Andrés Beltrán, encargado de la transición tras la salida del Gobierno Petro, calificó los hallazgos como graves.
La revisión identificó recursos comprometidos por más de 1,2 billones de pesos en convenios y contratos cuya ejecución no se completó. Según el reporte, hay obras paralizadas o sin liquidar y diferencias entre lo contratado y lo realmente entregado a las comunidades beneficiarias, lo que la cartera considera un incumplimiento del objeto contractual.
Uno de los puntos sensibles del balance es el comportamiento de la contratación por prestación de servicios. El ministerio reportó un aumento superior al 80 % en este tipo de vinculación durante el período revisado, comparado con los años anteriores. Esa modalidad se usa para tareas específicas sin crear cargos de planta, y su crecimiento acelerado suele encender alertas por posibles remplazos de funciones permanentes con contratos temporales.
El hallazgo, de confirmarse, tendría efectos en miles de hogares que esperaban soluciones de acueducto y vivienda. La cartera señaló que la auditoría busca determinar responsabilidades administrativas, disciplinarias y fiscales, y que parte de la información fue trasladada a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que cada entidad adelante lo de su competencia.
El proceso de transición entre el Gobierno Petro y el nuevo gabinete implicó que el ministerio entrante recibiera la documentación de los proyectos en curso. Beltrán explicó que la decisión de hacer público el balance responde a la necesidad de darle transparencia a una herencia de contratos sin cerrar y de evitar que los recursos sigan parados mientras se resuelven los hallazgos.
La cartera anunció que abrirá procesos disciplinarios contra los funcionarios que firmaron o vigilaron los convenios cuestionados, y que evalúa si es posible terminar las obras inconclusas con los mismos contratistas o si debe iniciar nuevos procesos licitatorios. También pidió a las alcaldías y gobernaciones entregar información sobre el estado de cada proyecto en sus territorios.
Sectores vinculados a la construcción y a las empresas de servicios públicos pidieron claridad sobre qué proyectos se mantendrán y cuáles se liquidarán. La preocupación central es que los hallazgos no terminen paralizando obras ya avanzadas y que se resuelva cuánto dinero alcanza para culminar las intervenciones pendientes.
El ministerio aclaró que el balance es preliminar y que los montos definitivos, las responsabilidades individuales y las decisiones de fondo se conocerán cuando la auditoría concluya y los organismos de control se pronuncien. Mientras tanto, los proyectos cuestionados quedaron suspendidos de manera preventiva.
Queda pendiente conocer el listado completo de convenios observados, el número exacto de obras inconclusas y los funcionarios señalados. La ciudadanía y los entes de control esperan el informe final para definir si lo reportado se traduce en sanciones, en recuperaciones de recursos o en reformas al modelo de ejecución de los proyectos de agua y vivienda en el país.