El ministro de Defensa, Lara, señaló que existen indicios que vinculan a disidencias de las FARC y a redes de minería ilegal con los incendios que se registran en el Tolima. Según el extracto de Colombia.com, las autoridades buscan establecer si detrás de la emergencia hay una acción deliberada de estructuras criminales que buscan presionar a las comunidades o expandir actividades ilícitas.
El Tolima es uno de los departamentos con mayor incidencia de incendios forestales durante la temporada seca. Sus municipios han sido escenario recurrente de quemas que afectan bosques, reservas naturales y áreas agrícolas. La situación se agrava por la presencia de grupos armados que disputan el control territorial en zonas de difícil acceso.
La posible relación con la minería ilegal abrió una línea de investigación específica. En distintas regiones del país, la extracción ilícita de oro y otros minerales usa maquinaria pesada y quemas para habilitar socavones o deforestar áreas. Las autoridades ambientales han documentado cómo estas prácticas deterioran cuencas hidrográficas y afectan la biodiversidad.
Las disidencias de las FARC, que operan en varios departamentos, han sido señaladas en otras ocasiones de usar el territorio como escudo para sus economías ilegales. Cuando se incendia una zona, además de la afectación ambiental, se facilita la ocultación de campamentos, pistas clandestinas y laboratorios. Las Fuerzas Militares suelen reforzar operativos en esas áreas tras episodios de violencia.
Para los habitantes de las zonas afectadas, los incendios representan pérdida de cultivos, afectación a la ganadería y riesgo para la salud por la calidad del aire. En el Tolima, comunidades campesinas e indígenas han denunciado en el pasado que quedan a merced de los grupos armados cuando intentan apagar las quemas o recuperar sus tierras.
El Ministerio de Defensa no ha detallado hasta el momento las pruebas que sustentan la advertencia. Tampoco se conoce un número de incendios atribuidos directamente a estas estructuras. La investigación deberá determinar si hubo órdenes directas, financiación o participación de terceros en los focos de fuego reportados.
El Gobierno ha insistido en que la seguridad en los departamentos con presencia de disidencias es una prioridad. En el marco de la política de orden público, las Fuerzas Militares y la Policía adelantan operaciones conjuntas, aunque las organizaciones criminales suelen replegarse hacia zonas selváticas cuando aumenta la presión militar.
La alerta también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la investigación judicial. La Fiscalía y la Dijín tendrían que cruzar información sobre amenazas, comunicaciones interceptadas y movimientos de maquinaria en las zonas afectadas. Mientras tanto, los organismos de socorro continúan las tareas de atención y control del fuego en el departamento.
Por ahora, la población tolimense y las autoridades locales esperan que la investigación aclare el origen de los incendios. Si se confirma la autoría criminal, el caso se convertiría en una nueva prueba de la relación entre grupos armados, economías ilegales y emergencias ambientales en Colombia.