El ministro del Interior, Armando Lara, puso sobre la mesa de los organismos de control una auditoría que apunta directamente a un contrato de la Dirección Nacional de Bomberos. La denuncia, publicada por El Heraldo, señala que la compra abarcó 744 equipos, pero solo 670 fueron efectivamente recibidos, según el recuento oficial.
El valor total del contrato, 24 mil millones de pesos, sitúa la operación en un rango de gasto que obliga a un seguimiento riguroso. El jefe de la cartera del Interior trasladó el expediente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Contraloría General, los tres entes encargados de investigar, sancionar disciplinariamente y fiscalizar recursos públicos, respectivamente.
La denuncia se enmarca en un patrón más amplio que el ministro ha expuesto en las últimas semanas: la revisión de contrataciones directas que, según dijo, se firmaron en la administración de Gustavo Petro sin los controles adecuados. El caso de Bomberos se suma a otras auditorías que el Ministerio del Interior ha venido radicando ante las autoridades competentes desde el inicio de la nueva administración.
La Dirección Nacional de Bomberos es la entidad responsable de coordinar la atención de emergencias por incendio, rescate y eventos con materiales peligrosos en el país. Su capacidad operativa depende de manera directa de la disponibilidad de equipos como los referidos en la auditoría, lo que convierte cualquier faltante en un riesgo tangible para la respuesta institucional frente a emergencias.
Una diferencia de 74 equipos sobre un total de 744 representa cerca del 10 por ciento del material contratado. La auditoría no precisa, en el extracto conocido, si los bienes no llegaron, si fueron entregados conSpecifications distintas a las pactadas, o si existe documentación que aclare el destino de los recursos. Ese esclarecimiento corresponde ahora a la Fiscalía y a la Contraloría.
Desde el punto de vista ciudadano, el caso reabre el debate sobre la transparencia en la contratación directa, una modalidad que la ley permite pero que, por su naturaleza excepcional, exige justificación detallada y publicación activa en el Secop. Sectores de control ciudadano han pedido en los últimos años que este tipo de procesos se someta a veedurías ciudadanas desde la fase de planeación.
El Ministerio del Interior no anunció, en la información divulgada por El Heraldo, acciones disciplinarias internas inmediatas contra funcionarios en ejercicio. La ruta institucional, según la denuncia, es la penal y la fiscal: corresponde a la Fiscalía determinar si los hechos configuran delitos como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales o interés indebido en contratos.
El expediente ahora depende de los tiempos de la justicia. La Fiscalía deberá decidir si abre investigación formal y asigna un fiscal delegado. La Procuraduría, por su parte, evaluará si hay mérito para investigaciones disciplinarias contra servidores públicos. La Contraloría revisará el manejo fiscal de los 24 mil millones y el posible daño al patrimonio público.
Queda pendiente conocer la versión de los funcionarios que suscribieron y ejecutaron el contrato, así como de la empresa proveedora. También está por establecerse si los 74 equipos faltantes fueron repuestos, si hubo lugar a descuentos en el pago, o si la diferencia se explicó mediante modificaciones contractuales registradas en el Secop, información que el Ministerio del Interior podría ampliar en los próximos días.
La denuncia llega en un momento en que la nueva administración ha hecho de la revisión de contratos heredados una de sus líneas de acción visibles. El caso de Bomberos se convierte así en un termómetro de la capacidad del Estado para investigar y sancionar presuntas irregularidades en la contratación pública, sin importar el origen administrativo de las mismas.