El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la Policía Nacional ajustó los esquemas de seguridad asignados a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. La decisión, explicó el funcionario, responde a una evaluación de riesgo que concluyó que algunos de esos esquemas ya no se justifican. Los dispositivos no fueron eliminados de manera total, sino reducidos.
En su declaración, Lara fue enfático en el principio que guio la decisión. "La Policía debe concentrarse en combatir el crimen en lugar de escoltar a quien ya superó su riesgo", señaló el ministro al referirse al uso eficiente de los recursos de seguridad del Estado.
La medida se inscribe en el debate recurrente sobre la destinación de los escoltas oficiales. La Unidad Nacional de Protección y la Policía han administrado historicamente la asignación de hombres y vehículos a personas con amenaza acreditada por los organismos de seguridad. Cuando el nivel de riesgo disminuye, las normas permiten ajustar o finalizar los esquemas.
La reducción implica que un número indeterminado de exfuncionarios verá menos hombres, vehículos o armas asignadas a su custodia. Esto incluye a quienes ocuparon cargos durante la administración anterior y cuya permanencia en el país o cuyas condiciones de seguridad cambiaron con el relevo de gobierno.
Para la ciudadanía, el argumento central del Ministerio es la liberación de efectivos policiales. Cada uniformado que deja de custodiar a un exfuncionario puede ser reasignado a patrullaje, investigación criminal o atención de zonas afectadas por grupos armados y delincuencia común.
En términos institucionales, la decisión refleja una tensión habitual entre el gobierno entrante y el saliente. Los esquemas de protección suelen mantenerse para exmandatarios y exministros con riesgo vigente, pero la revisión tras un cambio de administración es una práctica habitual en Colombia. La diferencia esta vez fue la publicidad del ajuste.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar en distintos sectores. Mientras defensores de la medida celebraron la reorientación de recursos, voces vinculadas al petrismo cuestionaron si la revisión se realizó con criterios técnicos o políticos. Lara no entregó detalles sobre cuántos esquemas fueron modificados ni los nombres de los exfuncionarios afectados.
El Ministerio del Interior no informó si los exfuncionarios cuyos esquemas fueron reducidos apelaron la decisión ante la Unidad Nacional de Protección. Tampoco se conocieron reportes públicos de amenazas recientes contra ellos, un dato clave para evaluar si la medida es razonable o si deja vacíos.
Queda pendiente el seguimiento a la reasignación de los uniformados liberados. La Policía Nacional deberá informar, en su momento, a qué ciudades o municipios fueron destinados los efectivos reubicados. La transparencia sobre ese destino será, según analistas, la prueba definitiva de si la decisión cumplió su propósito de fortalecer la seguridad ciudadana.