El presidente Abelardo de la Espriella impartió una orden directa a dos de sus ministros: que en el plazo de una semana coordinen la entrega del cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La instrucción pone un reloj concreto sobre la mesa del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son un grupo armado ilegal que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta, una región que comparten los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Su presencia ha sido motivo de operativos militares y de investigaciones judiciales en los últimos años por hechos como el reclutamiento forzado, el control territorial y los enfrentamientos con comunidades indígenas.
El general Jorge Mora, quien hoy ocupa la cartera de Defensa, respondió a la orden presidencial. Lo propio hizo Iván Cancino, jefe de la cartera de Justicia. Ambos funcionarios fijaron postura pública sobre el plazo de siete días que fijó De la Espriella para lograr la entrega del cabecilla señalado.
La orden presidencial se inscribe en una línea de presión directa del Ejecutivo sobre los grupos armados ilegales. Los gobiernos suelen usar la figura de la captura o entrega de cabecillas como un indicador visible de los avances en seguridad. En este caso, el presidente eligió un conducto institucional: sus dos ministros competentes en la materia.
Para el Ministerio de Defensa, la tarea implica sostener o intensificar los operativos en la Sierra Nevada. Para el Ministerio de Justicia, el desafío pasa por el componente legal: si la entrega se concreta, qué figura procesal se aplica, qué garantías judiciales entran en juego y si hay un marco de sometimiento o de captura con fines de extradición.
La reacción de los dos ministros llegó en un contexto de expectativa ciudadana. En zonas como el Magdalena y Cesar, la presencia de las ACSN ha afectado a comunidades campesinas y a pueblos indígenas como los kogui, los arhuaco y los wiwa, que durante años han denunciado restricciones a la movilidad y amenazas contra sus líderes.
El artículo original, publicado por Pulzo, recoge los puntos centrales de las respuestas de Mora y Cancino y los contrasta con el tono de la orden presidencial. La diferencia entre lo que pidió el presidente y lo que respondieron los ministros quedó en el centro de la discusión pública.
Por ahora, el plazo de una semana corre. Si en ese período se concreta la entrega del cabecilla, será el resultado visible de la instrucción presidencial. Si no ocurre, el debate se trasladará a las razones del incumplimiento y a las consecuencias políticas dentro del propio gabinete de De la Espriella.
El Observatorio seguirá el desarrollo del caso, en particular los pronunciamientos oficiales de ambas carteras y cualquier decisión judicial que derive del proceso.