El gobierno de Abelardo de la Espriella emitió una directiva que centraliza la comunicación oficial del Estado. A partir de ahora, cada ministro que quiera conceder declaraciones a medios de comunicación deberá solicitar autorización previa a la Presidencia de la República, según informó CAMBIO Colombia en su más reciente publicación.
La instrucción no prohíbe las entrevistas, pero condiciona su otorgamiento. Funcionarios de todos los ministerios quedan obligados a coordinar primero con el equipo de comunicaciones de la Presidencia antes de hablar en nombre de la administración.
La vocería unificada es una práctica habitual en gobiernos que buscan proyectar un mensaje coherente hacia la opinión pública. En Colombia, decisiones similares se han tomado en administraciones anteriores, donde la figura del 'portavoz presidencial' o las ruedas de prensa conjuntas sirvieron como mecanismo para evitar contradicciones entre ministerios.
La medida también se conoce como 'lawfare comunicacional' o estrategia de vocería única. Expertos en comunicación política suelen señalar que, cuando un gabinete habla por muchas bocas sin coordinación, se multiplica el riesgo de declaraciones contradictorias que terminan afectando la imagen del gobierno.
Sectores de la oposición y organizaciones de prensa suelen vigilar este tipo de directrices. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha advertido en el pasado que cualquier restricción a las declaraciones oficiales puede limitar el acceso de la ciudadanía a información sobre la gestión pública. Hasta ahora, ni la FLIP ni otros gremios periodísticos se han pronunciado públicamente sobre esta directiva en particular.
La Presidencia de la República aún no ha publicado el texto oficial del decreto o directiva mediante el cual se imparte la orden. CAMBIO Colombia tampoco detalla si la autorización aplica también para comparecencias ante el Congreso de la República, donde los funcionarios tienen la obligación constitucional de rendir cuentas.
Para los ciudadanos, el cambio implica que las respuestas del gobierno llegarán por un único canal oficial. Quienes necesiten información sobre una cartera específica deberán esperar a que la Presidencia autorice la vocería, lo que podría ralentizar la atención de consultas en momentos de crisis.
Queda por verse cómo se aplicará la regla en la práctica, qué criterios seguirá Presidencia para autorizar o negar entrevistas y qué pasará con las declaraciones que se filtren sin autorización. El gobierno de Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado aún sobre las sanciones para los ministros que incumplan la nueva directiva.
La entrada en vigor de esta directriz marca el primer movimiento fuerte del nuevo gobierno en materia de comunicación institucional. Según el reporte de CAMBIO Colombia, la orden ya fue comunicada a todos los despachos ministeriales en las últimas horas.
