El Ministerio de Justicia le confirmó al Partido Conservador que el Gobierno Nacional construirá diez megacárceles en el país. El anuncio se dio en el marco de una reunión entre la cartera de Justicia y la dirección de esa colectividad política, según reportó La FM.
Además del tema penitenciario, en el encuentro se informó sobre el retorno de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. La medida se adoptará respetando los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, de acuerdo con lo informado en la misma reunión.
El proyecto de las megacárceles hace parte de la política de seguridad del Gobierno, enfocada en ampliar la capacidad del sistema penitenciario y enfrentar el hacinamiento en los centros de reclusión. La construcción de estos establecimientos busca atender una de las problemáticas que más afecta los derechos de la población privada de la libertad en Colombia.
En Colombia, el sistema penitenciario ha enfrentado históricamente problemas de hacinamiento. La sobrepoblación carcelaria ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales como una dificultad estructural que afecta las condiciones de vida internas y los procesos de resocialización.
La Corte Constitucional, en sentencias previas, ha señalado al Estado colombiano por las condiciones de reclusión y ha ordenado medidas para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Cualquier ampliación de la infraestructura debe considerar esos estándares.
Sobre la aspersión aérea, la Corte Constitucional ya se había pronunciado en decisiones anteriores, estableciendo condiciones específicas para su reanudación. El cumplimiento de esos lineamientos constituye un requisito indispensable para la implementación de la estrategia.
La reunión entre el Ministerio de Justicia y el Partido Conservador se inscribe en la dinámica de diálogo que el Gobierno mantiene con las colectividades políticas para socializar sus principales apuestas en materia de seguridad y orden público.
Por ahora, no se conocieron detalles adicionales sobre la ubicación de las megacárceles ni los plazos de construcción. Tampoco se precisaron los alcances operativos ni el modelo de funcionamiento de los nuevos establecimientos.
La consolidación de la infraestructura carcelaria y la reactivación de la aspersión aérea son dos de las decisiones más visibles del actual período de gobierno en materia de seguridad. Su desarrollo deberá sortear los controles judiciales y el seguimiento de los organismos de control.