El Ministerio de Justicia confirmó que dentro del análisis de la reforma a la justicia se evalúa la posibilidad de eliminar la Ley 600 de 2000, el estatuto que rige actualmente los juicios penales ordinarios en Colombia. La confirmación la entregó la cartera en diálogo con Caracol Radio.
La Ley 600, vigente desde hace más de dos décadas, establece el procedimiento penal de tipo mixto que combina etapas de instrucción con etapas de juzgamiento, y se aplica en paralelo al sistema oral previsto en la Ley 906 de 2004. Su eliminación implicaría unificar las reglas procesales bajo el modelo acusatorio oral para todos los expedientes.
Desde el Ministerio de Justicia reconocieron que la propuesta se estudia, pero precisaron que, por ahora, acabar con la Ley 600 no figura entre las prioridades del Gobierno Nacional. La aclaración buscó matizar versiones que circulaban sobre una decisión ya tomada al respecto.
El debate se da en un momento en que el sistema de justicia colombiano enfrenta un alto nivel de congestión en los despachos judiciales y una percepción de impunidad en distintos sectores. Eliminar la Ley 600 es una de las fórmulas que se discuten para simplificar los trámites y unificar criterios procesales.
Para la ciudadanía, un eventual cambio de procedimiento tendría efectos directos en la forma como se investigan y juzgan los delitos comunes. Los procesos que hoy se tramitan bajo la Ley 600 deberían migrar al esquema de la Ley 906, con audiencias públicas y oralidad, lo que cambia los tiempos y las dinámicas para víctimas, procesados y abogados.
La reforma a la justicia que se tramita incluye otros ejes como la situación carcelaria, los mecanismos de selección de jueces y el uso de tecnologías en los procesos. El Ministerio de Justicia no ha detallado aún si la eliminación de la Ley 600 haría parte del texto definitivo que se presentará al Congreso.
Sectores del ámbito judicial han pedido que cualquier modificación de los procedimientos penales se discuta con la Judicatura, la Fiscalía y las universidades, para evitar nuevos traumatismos en los despachos. También han señalado que una transición abrupta podría dejar sin marco procesal expedientes en curso.
Por el momento, el Ministerio de Justicia continuará con los análisis técnicos antes de tomar una decisión. El siguiente paso será precisar si la eliminación de la Ley 600 entra o no en el articulado de la reforma que se radicará ante el Congreso de la República.
La fuente consultada para esta nota fue Caracol Radio.