El Ministerio de Justicia publicó un decreto que revierte el cambio de competencia que había hecho el gobierno del expresidente Gustavo Petro sobre las tutelas dirigidas contra la Presidencia de la República. El acto administrativo deja sin piso la modificación y devuelve esos procesos al Consejo de Estado, según reportó Revista Semana.
La tutela es un mecanismo constitucional que cualquier ciudadano puede usar para proteger derechos fundamentales cuando considera que han sido vulnerados por una autoridad pública. En el caso de las tutelas contra la Presidencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es, por regla general, la encargada de resolverlas en primera instancia.
Bajo el gobierno de Petro se expidió una modificación que cambió ese reparto y trasladó el conocimiento de esas tutelas a otra autoridad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El nuevo decreto del Ministerio de Justicia tumba esa decisión y restablece la competencia del Consejo de Estado, que es el tribunal de cierre en lo contencioso administrativo del país.
En la práctica, el efecto inmediato es que los nuevos fallos sobre tutelas contra la Presidencia vuelven a salir del Consejo de Estado, lo que concentra en ese alto tribunal el control judicial de las decisiones administrativas del Despacho presidencial. Para el ciudadano, el camino para presentar una tutela no cambia: se interpone ante el juez competente y el reparto interno se encarga de enviarla al órgano que ahora asume el conocimiento.
El Ministerio de Justicia es la entidad que tiene a su cargo la formulación de políticas en materia de justicia, así como la expedición de normativa relacionada con la organización y los procedimientos del sector. Los decretos que emite esta cartera, cuando son de carácter general, pueden ser revisados por la jurisdicción competente, en este caso el propio Consejo de Estado o la Corte Constitucional si se trata de materias reservadas a la ley.
La decisión se conoce en un contexto en el que las tutelas contra altos dignatarios del Estado han sido objeto de debate público por su volumen y su sensibilidad política. Concentrar esas acciones en el Consejo de Estado apunta a unificar la jurisprudencia y a darle a un solo cuerpo colegiado la última palabra en esa clase de litigios, lo que reduce la dispersión de criterios que se produce cuando múltiples despachos conocen el mismo tipo de asuntos.
Para los usuarios del mecanismo de tutela, lo relevante es saber dónde queda radicada la competencia. Con el decreto, cualquier acción de ese tipo contra la Presidencia deberá ser resuelta por la Sección o Sala del Consejo de Estado que corresponda según la materia, mientras que las tutelas contra otras entidades del orden nacional conservan el reparto que la ley les asigna.
Reacciones políticas y jurídicas sobre el contenido específico del decreto no aparecen detalladas en la información disponible. Queda por ver si la medida enfrenta demandas ante el propio Consejo de Estado o si el Congreso cita a los responsables del Ministerio de Justicia para explicar el alcance del cambio. Por ahora, lo cierto es que el acto administrativo tumba la modificación del gobierno anterior y reactiva el modelo previo de competencia.