El Ministerio de Transporte anunció que revisará de forma nacional el esquema de las fotomultas en Colombia. Según informó El Tiempo, la cartera verificará la autorización, el sustento técnico y el funcionamiento de los sistemas de detección electrónica de infracciones que operan en ciudades y carreteras del país.
La decisión se conoce luego de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre este mecanismo de control vial. Aunque el extracto no detalla cuáles fueron esas declaraciones, sí confirma que el pronunciamiento presidencial motivó la reacción inmediata del Ministerio, que asumió la revisión como respuesta institucional.
Las fotomultas son comparendos impuestos a partir de cámaras y equipos electrónicos, sin la presencia directa de un agente de tránsito. Funcionan en gran parte del país desde hace más de una década y han sido motivo de debate por la cantidad de sanciones, los valores cobrados y los criterios de calibración de los dispositivos.
La revisión anunciada por el Ministerio de Transporte apunta a tres ejes definidos en el comunicado reportado por El Tiempo. Primero, que cada sistema cuente con la autorización legal vigente para operar. Segundo, que los equipos tengan el sustento técnico certificable por las autoridades competentes. Tercero, que el funcionamiento operativo esté alineado con la normatividad de tránsito vigente.
Este tipo de procedimientos suele involucrar a varias entidades del Estado. La Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte y autoridades locales como las secretarías de Movilidad comparten competencias sobre la operación de los sistemas automáticos. Una verificación de alcance nacional exige coordinación entre esos organismos para evitar vacíos en la aplicación de las sanciones.
Para los conductores, la revisión puede traducirse en cambios en la forma como se imponen las sanciones de tránsito. Si los sistemas se suspenden, se recalibran o se ajustan, las multas ya impuestas y las que se generen durante el proceso podrían verse afectadas. Por ahora, el Ministerio no ha informado si habrá medidas cautelares mientras avanza la verificación.
El impacto fiscal también hace parte del debate. Los recursos por fotomultas financian programas de seguridad vial, señalización y operación de las propias autoridades de tránsito en muchas ciudades. Un eventual freno al sistema obligaría a buscar fuentesalternas o a reasignar partidas presupuestales en los municipios donde estos ingresos son significativos.
Organizaciones ciudadanas y gremios de.transportadores han pedido durante años mayor transparencia sobre los criterios técnicos de los equipos. La revisión nacional abre la puerta a auditorías públicas sobre la calibración, los márgenes de tolerancia y la trazabilidad de las mediciones. Esos elementos suelen ser los puntos más cuestionados en las demandas contra fotomultas.
El Ministerio no entregó en el reporte un plazo concreto para el resultado de la verificación. Tampoco se anunció si la revisión incluirá sanciones ejemplarizantes a operadores o contratistas que estén fuera de norma. Por ahora, el proceso queda abierto como respuesta a una directriz del presidente de la Espriella, y las autoridades locales esperabanLineamientos unificados para ajustar sus sistemas.
Queda pendiente conocer el cronograma, los criterios técnicos que se evaluarán y si la revisión modificará el actual modelo de fotomultas o lo reemplazará por otro esquema de control. La siguiente etapa será el pronunciamiento oficial del Ministerio con el detalle del procedimiento y los alcances de la verificación anunciada.