El Ministerio de Transporte confirmó que comenzó la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito. La iniciativa marca el inicio formal de un proceso de reforma a la normatividad que regula la circulación vehicular y peatonal en el país.
De acuerdo con la entidad, la reforma se sustenta en tres ejes centrales. El primero es la protección de la vida en las vías, un objetivo que apunta a reducir la siniestralidad que año tras año deja miles de víctimas en Colombia. El segundo eje es el alivio económico para los ciudadanos, mediante la eliminación de sobrecostos asociados a trámites y sanciones. El tercero es la lucha contra los abusos y los procedimientos innecesarios que, según el ministerio, encarecen la relación de los usuarios con el tránsito.
El Código de Tránsito vigente, expedido mediante la Ley 769 de 2002, ha sido objeto de múltiples modificaciones parciales durante más de dos décadas. En ese periodo, el parque automotor colombiano creció de manera sostenida y la movilidad urbana e intermunicipal se transformó con la expansión de plataformas digitales de transporte, la llegada de vehículos eléctricos y nuevas dinámicas de convivencia vial. Una reforma integral busca poner al día el marco legal frente a esos cambios.
La cartera de Transporte no entregó en su comunicado detalles del articulado ni fechas para su radicación. Tampoco se pronunció sobre si el trámite se hará mediante un proyecto de ley ordinario ante el Congreso o si se buscará otra vía normativa. Lo que sí reafirmó es que el documento está en etapa de borrador y que las próximas etapas incluirán, según prácticas habituales, espacios de socialización con actores del sector y la ciudadanía.
Para los conductores, la reforma podría traducirse en cambios en los procedimientos para obtener la licencia de conducción, en los criterios de aplicación de multas y en los costos asociados a la revisión técnico-mecánica y al seguro obligatorio. Para los peatones y ciclistas, los anuncios apuntan a reforzar las medidas de protección y a simplificar los mecanismos de reclamación en caso de accidentes.
El sector empresarial del transporte, que incluye a taxistas, conductores de plataformas, empresas de carga y pasajeros y fabricantes de vehículos, suele participar activamente en la discusión de estas reformas. Gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación del Transporte Aéreo (AITA) y la Confederación de Transporte de Carga (CTC) han sido voceros frecuentes en debates sobre regulación vial. Se espera que en las próximas semanas se conozcan los mecanismos de participación previstos por el ministerio.
El contexto también incluye la presión de organizaciones civiles y víctimas de siniestros, que durante años han pedido endurecer sanciones para conductores en estado de embriaguez y para quienes exceden los límites de velocidad. Si el borrador incorpora de manera efectiva esos reclamos, el trámite en el Congreso podría polarizar a quienes piden más rigor y a quienes alertan sobre el riesgo de criminalizar al conductor.
Por ahora, la noticia es solo el inicio del proceso. El Ministerio de Transporte deberá socializar el texto, recibir observaciones y, eventualmente, radicar el proyecto ante el Legislativo. Hasta entonces, las reglas de tránsito vigentes seguirán siendo las mismas, con sus conocidos vacíos y rigideces, mientras el país espera conocer el contenido de la prometida reforma integral.