El Ministerio de Transporte emprenderá una revisión de las cámaras de fotomultas distribuidas en varias regiones del territorio nacional, según informó la cartera. La tarea fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, y su propósito es determinar si esos dispositivos cumplen con los criterios establecidos para su operación, reportó Revista Semana.
Las fotomultas son comparendos impuestos con base en registros fotográficos o de video captados por cámaras fijas o móviles, generalmente ubicadas en zonas urbanas y corredores viales. Su uso se ha extendido en ciudades intermedias y capitales como herramienta para controlar el exceso de velocidad y otras infracciones de tránsito.
La revisión anunciada por el Ministerio se concentrará en verificar que los equipos estén correctamente calibrados, que la señalización sea la adecuada y que los procedimientos para imponer la sanción respeten el debido proceso del conductor. También se buscará detectar posibles cobros indebidos o reiterados en un mismo punto, una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos.
En los últimos años, distintas voces, incluidos organismos de control y gremios de transportadores, han cuestionado la proliferación de cámaras sin criterios técnicos claros. Se han reportado casos de equipos mal señalizados, errores en la medición de velocidad y sanciones que no ofrecen garantía de notificación oportuna al infractor.
El Ministerio de Transporte es la entidad encargada de definir los lineamientos para los sistemas automáticos de detección de infracciones en el país. Esa facultad incluye la posibilidad de ordenar auditorías, suspender equipos y exigir ajustes en los procesos de notificación. La cartera puede actuar de oficio o por denuncia de los ciudadanos.
La decisión del Gobierno nacional se conoce en un momento en que conductores y propietarios de vehículos han elevado peticiones para que se revisen las condiciones bajo las cuales operan estos sistemas. Las fotomultas afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos y pueden impactar el historial de conducción, por lo que su correcta aplicación es un tema sensible.
Para los ciudadanos, la revisión puede traducirse en una depuración de cámaras mal operadas o con fallas técnicas. Para los municipios, significa la posibilidad de que se les exija ajustar la señalización y los procedimientos antes de continuar recaudando por esos dispositivos.
Como próximos pasos, el Ministerio deberá precisar el plazo de la revisión, los criterios técnicos que evaluará y si el proceso incluirá sanciones a los operadores de las cámaras. También queda por definirse si los comparendos ya impuestos por equipos que no cumplían los requisitos serán objeto de revisión o nulidad.