El presidente Abelardo de la Espriella puso los reflectores sobre tres nombres propios del conflicto armado colombiano: alias Mordisco, alias Calarcá y alias Chiquito Malo. Con ellos, el Gobierno nacional busca personificar la ofensiva contra los grupos armados que aún delinquen en el territorio, según reseñó el diario EL PAÍS.
El anuncio responde a una lógica de seguridad centrada en los cabecillas, no solo en las organizaciones. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional concentran sus operaciones de alto valor en figuras que toman decisiones, mueven finanzas y ordenan acciones armadas, y los tres alias mencionados encabezan ese tipo de objetivos.
Alias Mordisco ha sido identificado por la inteligencia colombiana como uno de los principales líderes del Estado Mayor Central, la disidencia de las antiguas FARC que se marginó del proceso de paz. Su historial incluye el mando de estructuras que operan en zonas del sur y occidente del país, donde el Estado ha denunciado presencia de cultivos ilícitos y economías ilegales.
Alias Calarcá, en tanto, es señalado como otro de los rostros visibles de la misma disidencia. Las autoridades lo vinculan con el Bloque Jorge Suárez Briceño y con operaciones en el norte del Cauca y el sur del Tolima, regiones afectadas por_minas antipersonal, combates y restricciones a la movilidad de comunidades campesinas e indígenas.
El tercer nombre, alias Chiquito Malo, aparece en el radar del Ejecutivo como uno de los cabecillas del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esa organización concentra buena parte de los homicidios colectivos, las extorsiones y el control de rutas de narcotráfico en el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y zonas del sur de Córdoba, de acuerdo con reportes oficiales citados por EL PAÍS.
La decisión del presidente de la Espriella se inscribe en una discusión más amplia sobre el futuro de las negociaciones con grupos armados. Mientras con unas estructuras se han explorado acercamientos, con otras la postura oficial es la captura o la neutralización militar, y los tres alias mencionados hacen parte de ese segundo bloque.
Para los ciudadanos, el efecto directo se mide en la seguridad cotidiana. Las regiones bajo influencia de estas estructuras registran amenazas a líderes sociales, restricciones al tránsito, reclutamiento de menores y presión sobre economías locales como el comercio, el transporte y la producción agrícola.
En materia institucional, el pronunciamiento presidencial fija un rumbo para las Fuerzas Armadas y los ministerios de Defensa y del Interior. Las operaciones de inteligencia y los presupuestos de seguridad tienden a alinearse con los objetivos que el jefe de Estado señala públicamente, y esta vez los nombres ya están sobre la mesa.
Queda pendiente cómo se traducen esos anuncios en resultados verificables: capturas, judicializaciones, desmovilizaciones o reducciones reales de los indicadores de violencia en los territorios donde estas estructuras tienen presencia. La opinión pública y los organismos de control seguirán de cerca el balance entre el discurso y la acción.
EL PAÍS recordó que la identificación de cabecillas no equivale a su captura. Varios de ellos llevan años en la lista de los más buscados y han sobrevivido a golpes militares y a recompensas millonarias, lo que muestra la complejidad operativa que enfrenta el Estado para llevar a estas figuras ante la justicia.