La negociación que adelanta el Gobierno de Abelardo de la Espriella con el Fondo Monetario Internacional quedó centrada en un punto sensible: el tamaño y el ritmo del ajuste fiscal que el país está dispuesto a aplicar. Así lo explicó a Infobae Colombia el profesor Giovanny Hernández, investigador de la Universidad de La Sabana, al detallar los principales desafíos que tiene el Ejecutivo en esta discusión.
Según Hernández, el fondo ha puesto sobre la mesa la necesidad de que Colombia corrija el rumbo de sus cuentas públicas. La deuda interna y externa viene creciendo a un ritmo que, de mantenerse, comprometería la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas. Por eso, el organismo multilateral insiste en que la reforma sea oportuna y suficiente.
El académico señaló dos escenarios que le preocupan. El primero es aplazar la decisión, lo que obligaría a hacer recortes más drásticos en el futuro para corregir el mismo desbalance. El segundo es aplicar un ajuste demasiado gradual, que termine resultando insuficiente y deje intactas las presiones de gasto que hoy explican buena parte del déficit.
Para entender la magnitud del reto hay que mirar el rol del FMI en la economía colombiana. El Fondo es un prestamista de última instancia que concede recursos cuando un país enfrenta riesgos de balanza de pagos o de sostenibilidad de su deuda. A cambio, exige compromisos de política económica, entre ellos disciplina fiscal, y suele condicionar los desembolsos al cumplimiento de metas acordadas.
En la práctica, la negociación implica definir cuánto se va a gastar, cómo se va a financiar ese gasto y en qué plazos se corregirá el déficit. Esas decisiones terminan tocando temas sensibles para la ciudadanía: el tamaño del Estado, la inversión social, la carga tributaria y la capacidad del país para honrar sus obligaciones internas y externas.
Hernández también explicó que el ajuste fiscal no se reduce a un asunto de cifras en una hoja de cálculo. Un recorte del gasto mal diseñado puede afectar la inversión en infraestructura, en salud y en educación, con efectos directos sobre la calidad de vida de los hogares. Por el contrario, un aumento de impuestos sin una reforma estructural puede limitar la actividad productiva y el empleo formal.
El profesor añadió que la credibilidad del Gobierno ante los mercados financieros depende de que el acuerdo con elFMI contenga metas claras, verificables y acompañadas de un cronograma realista. Esa credibilidad, dijo, incide en la calificación de riesgo soberano, en el costo de la deuda y en la llegada de inversión extranjera.
Sobre las reacciones, el extracto de Infobae no registra pronunciamientos oficiales del Gobierno de De la Espriella ni del equipo económico frente a los señalamientos del académico. Tampoco detalla el estado actual de las mesas de trabajo ni los montos discutidos, por lo que esos puntos quedan por esclarecer en próximos pronunciamientos.
Lo que queda en el aire es la pregunta de fondo que plantea Hernández: si Colombia prefiere un ajuste ordenado y negociado con el Fondo, o si opta por un camino más gradual que termine encareciendo el costo de la deuda y estrechando el margen de maniobra de los próximos gobiernos. La respuesta llegará en las próximas semanas, según avance la negociación.