El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, trabaja en un decreto que otorgaría mayores facultades a la Fuerza Pública para actuar durante las jornadas de protesta en el país. Según la información publicada por NTN24, la iniciativa lleva por lema "Ni un espacio más para quien destruye", una frase que el propio Ejecutivo ha utilizado para sintetizar el espíritu de la medida.
La protesta social es un derecho constitucional en Colombia, reconocido en el artículo 37 de la Carta Política. A lo largo de las últimas décadas, el país ha vivido episodios de movilización ciudadana en los que se han presentado hechos de violencia, bloqueos de vías y enfrentamientos entre uniformados y manifestantes. En ese contexto, distintos gobiernos han expedido normas y directivas para fijar los protocolos de actuación de la Policía y las Fuerzas Militares en escenarios de protesta.
El decreto impulsado por De la Espriella se inscribe en esa misma línea de regulación, aunque con un énfasis explícito en dotar a las autoridades de herramientas más contundentes. La denominación elegida por el Gobierno sugiere que la prioridad es enfrentar a quienes, dentro de las marchas, cometan actos de destrucción o vandalismo, sin que la medida afecte a quienes ejerzan la protesta de manera pacífica.
La iniciativa llega en un momento sensible para el país, cuando las movilizaciones sociales suelen reactivarse ante coyunturas políticas, económicas o sociales. Organizaciones de derechos humanos y sectores académicos han advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos de una intervención policial desmedida. Al mismo tiempo, sectores políticos y ciudadanos han reclamado respuestas más firmes frente a los bloqueos y a la violencia que ha acompañado algunas jornadas de protesta.
La información divulgada por NTN24 no detalla todavía el articulado completo del decreto, ni los plazos para su expedición o revisión. Tampoco se mencionan sanciones específicas ni los mecanismos de control que acompañarían las nuevas facultades. Por ahora, el contenido público se centra en el anuncio de la medida y en la consigna que la bautiza.
Para la ciudadanía, la discusión resulta especialmente relevante. De un lado, las protestas son un canal legítimo de expresión de inconformidades. Del otro, los bloqueos y los actos vandálicos generan afectaciones a la movilidad, al comercio y al acceso a servicios en distintas regiones del país. Cualquier ajuste normativo, por tanto, incide directamente en la manera como los colombianos ejercen y conviven con la protesta.
El Gobierno ha enmarcado el decreto como una respuesta a la destrucción y a quienes instrumentalizan la movilización. Sectores críticos, en contraste, suelen advertir sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la necesidad de protocolos claros que eviten la vulneración de derechos fundamentales. El debate público, previsiblemente, girará en torno a esos dos ejes.
Queda por conocer el texto definitivo del decreto, el trámite legal que seguirá y la posición que adoptarán el Congreso, las cortes y los organismos de control. También será clave observar cómo se traducen las nuevas facultades en protocolos operativos para la Fuerza Pública y cuáles serán los criterios para distinguir entre protesta pacífica y conducta sancionable. La definición de esos límites será determinante para evaluar el alcance real de la medida.