El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió al paso de las lecturas que ha tenido el nuevo borrador de decreto sobre manifestaciones públicas. Según él mismo explicó, la iniciativa apunta a un doble objetivo: garantizar el derecho a la protesta pacífica y darle herramientas al Estado para actuar cuando la movilización deriva en violencia.
De acuerdo con lo recogido por El Espacio Digital, Lara fue enfático al señalar que no habrá espacio para quienes destruyan. Esa frase, pronunciada por el funcionario, se convirtió en el eje de la rueda de prensa y buscó poner un corte entre la protesta como expresión ciudadana y los hechos vandálicos que suelen rodear algunas jornadas.
La figura de los protocolos de protesta no es nueva en Colombia. Desde 2013, tras los hechos del paro nacional del año anterior, el Ministerio del Interior expidió la Directiva 007, que precisamente regula el acompañamiento de la fuerza pública a las manifestaciones. Cualquier nuevo decreto se suma a esa línea normativa, con la diferencia de que ahora se presentaría como un decreto con fuerza vinculante, no solo como una directriz.
El borrador, según el extracto publicado, mantiene la protección de la protesta pacífica como principio rector. La distinción entre quien se moviliza de forma legítima y quien incurre en actos violentos es, justamente, el punto que el Ministerio quiere blindar frente a los críticos que suelen rechazar cualquier intervención de la fuerza pública durante las marchas.
Para la ciudadanía, el debate tiene efectos prácticos. Si la protesta pacífica cuenta con garantías de protección, los organizadores, líderes sociales y participantes deberían poder ejercer su derecho sin verse expuestos a represalias. Si el protocolo habilita la intervención frente a hechos de violencia, la expectativa es que esa respuesta sea proporcional, verificable y respetuosa de los derechos humanos, algo que las organizaciones de derechos humanos suelen reclamar con insistencia.
La discusión llega en un año preelectoral y con varios sectores mirando de cerca cualquier movimiento del Ejecutivo en materia de orden público. Sectores defensores de derechos humanos, plataformas de juventud, gremios económicos y alcaldías suelen reaccionar de manera distinta ante este tipo de anuncios. El extracto publicado no detalla las posturas de cada uno, pero sí deja ver que el Ministerio busca fijar una posición pública antes de que el borrador siga su trámite.
Quedan varios interrogantes sobre la mesa. El primero es el texto final del decreto y la fecha en que se radicará. El segundo, si el protocolo contemplará veedurías o acompañamiento internacional. El tercero, cómo se coordinará con las alcaldías y gobernaciones, que son las primeras respondonas del orden público en sus territorios. Sobre cada uno de esos puntos habrá que esperar comunicados oficiales del Ministerio del Interior o del mismo ministro Lara.
Por ahora, el mensaje central del funcionario es claro: la protesta tiene protección, y la violencia, respuesta. Esa es la línea que el borrador de decreto busca convertir en norma, y la que el Ministerio del Interior salió a defender de forma pública para anticipar el debate que se avecina.