Durante una intervención en el espacio periodístico El Reporte Coronell, el representante a la Cámara Bohórquez, inscrito en la bancada del Pacto Histórico, lanzó una crítica directa al manejo de los viajes oficiales del presidente Abelardo de la Espriella. El congresista aseguró que cada jornada de desplazamientos aéreos de la Casa de Nariño le representa al erario un costo aproximado de 62 millones de pesos.
El pronunciamiento se inscribe en el debate sobre la austeridad en el gasto público, un tema que ha sido recurrente en la fiscalización que distintos sectores políticos hacen al Ejecutivo. Bohórquez sostuvo que el Gobierno no estaría cumpliendo con los lineamientos de contención del gasto y que, en su concepto, varios de los trayectos resultan injustificados.
La figura del reporte ciudadano sobre el uso de aeronaves oficiales se enmarca en las funciones de control político que la Constitución le asigna al Congreso. Los representantes y senadores pueden citar a ministros, citar debates de control y solicitar información a las entidades del Estado sobre el destino y el costo de las comisiones presidenciales, lo que convierte este tipo de señalamientos en un insumo formal de la vigilancia institucional.
Según el congresista, parte de los cuestionamientos se deben a lo que él mismo calificó como viajes insólitos, en los que, a su juicio, no se justifica el desplazamiento en avión oficial. La denuncia pública añade presión política sobre la Casa de Nariño en un momento en el que distintos sectores han reclamado mayor transparencia sobre los rubros destinados a la movilidad del jefe de Estado y de su comitiva.
La afirmación de Bohórquez se conoció a través de un fragmento del programa El Reporte Coronell, emitido por Caracol Televisión. En ese tipo de espacios periodísticos, los políticos suelen exponer denuncias que después pueden convertirse en debates formales en las comisiones constitucionales del Congreso, por lo que la cifra de 62 millones de pesos diarios queda instalada en la opinión pública hasta tanto la Casa de Nariño se pronuncie.
Para los ciudadanos, el impacto de este tipo de controversias es directo en la percepción sobre el uso de los recursos públicos. Cada decisión de viaje presidencial involucra combustible, tripulación, logística y seguridad, rubros que se financian con el presupuesto general de la Nación y que, según los críticos, deben sujetarse a criterios de necesidad y eficiencia.
Por ahora, la controversia queda abierta a la espera de una respuesta oficial del Gobierno nacional. Desde el Pacto Histórico advirtieron que esperan un pronunciamiento puntual sobre la frecuencia, los destinos y los costos de los desplazamientos aéreos del presidente De la Espriella, con el fin de determinar si se incurrió en algún tipo de irregularidad administrativa.
El caso se suma a una serie de debates que la oposición y diversos voceros ciudadanos han impulsado en torno a los gastos de representación del Ejecutivo, y deja en evidencia la tensión permanente entre las funciones de control político del Legislativo y el margen de maniobra operativa de la Casa de Nariño para coordinar su agenda en el territorio nacional.