El presidente Abelardo de la Espriella salió al cruce de las críticas formuladas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente al recorte presupuestal que enfrenta ese tribunal. Según publicó CAMBIO Colombia, el mandatario sostuvo que la decisión “no es asfixia ni venganza”, en una respuesta directa a los señalamientos de la jurisdicción transicional.
La JEP es el tribunal creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC para juzgar los delitos más graves del conflicto armado. Funciona como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Su competencia cubre a excombatientes, agentes del Estado y terceros civiles que hayan participado en el conflicto.
El cruce de mensajes entre el jefe de Estado y el magistrado presidente del tribunal ocurre en un contexto de estrechamiento fiscal del Gobierno nacional, que ha anunciado ajustes en distintos rubros del Presupuesto General de la Nación. Recortes similares han afectado a otras entidades del Estado en los últimos meses, según han reportado distintos medios.
La defensa del presidente ante la JEP se centró en dos palabras: asfixia y venganza. Con la primera, el Gobierno buscó diferenciar el ajuste actual de una interrupción deliberada del funcionamiento del tribunal, mientras que con la segunda buscó desactivar la lectura política de una represalia contra el sistema de justicia transicional. La administración no ha detallado, en lo recogido por CAMBIO Colombia, las cifras específicas de la reducción.
Desde la JEP, el magistrado presidente había expresado su preocupación por el impacto del recorte en la capacidad operativa del tribunal, en momentos en que avanza en la resolución de varios macrocasos y en la toma de decisiones sobre comparecientes. Una menor asignación presupuestal puede traducirse, entre otros efectos, en limitaciones logísticas, demoras en audiencias y restricciones en la contratación de personal técnico y de apoyo.
El debate presupuestal reaviva una discusión de fondo sobre la sostenibilidad financiera del Acuerdo de Paz a casi una década de su firma. Sectores vinculados al proceso de implementación han señalado que la justicia transicional requiere recursos estables para cumplir con sus objetivos de verdad, juzgamiento y reparación a las víctimas. Otros sectores han planteado la necesidad de revisar el tamaño y la eficiencia de entidades creadas en el marco de los acuerdos.
La respuesta presidencial también llega en un ambiente de mayor interlocución entre el Ejecutivo y los altos tribunales. El Gobierno ha sido enfático en defender su autonomía frente a las otras ramas del poder público, al tiempo que ha reiterado que el ajuste fiscal responde a un esfuerzo de toda la administración, sin excepciones por sector.
Por ahora, la discusión sobre los recursos específicos de la JEP queda abierta. La Jurisdicción, por su parte, deberá evaluar el alcance del recorte en sus operaciones inmediatas, mientras que desde el Congreso y los organismos de control se esperan pronunciamientos sobre la legalidad y la proporcionalidad de la decisión presupuestal adoptada por el Ejecutivo. CAMBIO Colombia es la fuente citada para esta información.