El presidente Abelardo de La Espriella salió al frente de las críticas que acusan a su Gobierno de presionar a la Jurisdicción Especial para la Paz. En declaraciones recogidas por La Gran Noticia, el mandatario fue directo: “No estamos asfixiando ni vengándonos de la JEP”.
De La Espriella sostuvo que ninguna decisión del Ejecutivo permite afirmar que Colombia incumple sus compromisos internacionales. La frase la pronunció el mismo día en que distintos sectores han cuestionado el trato presupuestal y administrativo hacia ese tribunal transicional.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Su tarea es investigar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado, y depende orgánicamente del Gobierno para su financiamiento y logística.
En los últimos meses, distintos funcionarios y organizaciones de víctimas han expresado preocupación por la asignación de recursos, la continuidad de los procesos y la relación del Ejecutivo con los magistrados. Esas alertas alimentaron la tesis de una posible asfixia presupuestal o una retaliación política.
La respuesta del jefe de Estado busca desactivar esa lectura. Al afirmar que no hay incumplimiento de los compromisos internacionales, De La Espriella se refiere en particular al deber del Estado de garantizar el funcionamiento de los mecanismos de justicia transicional acordados con la comunidad internacional.
El pronunciamiento llega en un momento sensible para la implementación del acuerdo de paz. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional han sido veedores del cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las víctimas del conflicto.
Para los críticos, la pregunta de fondo es si las decisiones administrativas del Gobierno afectan la autonomía operativa de la JEP. Para el Ejecutivo, la respuesta es que la jurisdicción sigue funcionando con normalidad y que cualquier señalamiento en contrario carece de fundamento.
Queda pendiente conocer si el Ministerio de Hacienda y la propia JEP detallarán los montos girados y los pendientes. También se esperan reacciones de los magistrados y de las organizaciones de víctimas, que suelen ser las voces más activas cuando se discute el futuro de la justicia transicional en Colombia.