El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aclaró que durante el primer día de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no fueron 177 sino 403 los prisioneros trasladados entre distintos establecimientos del país. La corrección de la cifra fue publicada por el Inpec luego de que circulara una versión inicial más baja sobre el volumen de la operación.
Según la autoridad penitenciaria, la medida de traslado masivo se adoptó con el propósito de reducir riesgos dentro de los centros de reclusión y de proteger tanto a la población privada de la libertad como al personal que labora en estos establecimientos. El Inpec sostuvo que se trató de una decisión basada en criterios de seguridad y no en un criterio único de selección.
El Inpec explicó que el procedimiento respondió a tres tipos de insumos: alertas de seguridad elevadas por los propios penales, solicitudes directas de familias de internos y clasificaciones de peligrosidad realizadas por el cuerpo técnico del instituto. Cada uno de estos elementos fue evaluado de manera independiente para decidir el traslado de los prisioneros.
El instituto reconoció que no existe un criterio único ni estandarizado para decidir qué internos son trasladados en este tipo de operativos. Esa ausencia de un protocolo homogéneo ha sido una de las críticas recurrentes al sistema penitenciario colombiano, donde las decisiones suelen quedar a discreción de los directores de cada establecimiento o de las directrices del Gobierno nacional de turno.
En el contexto del sistema carcelario colombiano, el Inpec es la entidad encargada de la guarda, vigilancia y rehabilitación de las personas privadas de la libertad. El hacinamiento carcelario ha sido un problema estructural durante décadas, con tasas que han superado el 50 por ciento de la capacidad instalada en distintos momentos, lo que convierte a los traslados en una herramienta recurrente para redistribuir la población y aliviar la presión sobre ciertos centros.
La decisión de ejecutar 403 traslados en una sola jornada representa un volumen inusual de movimientos en el sistema penitenciario. Este tipo de operativos coordinados suelen requerir logística de transporte, custodia reforzada y coordinación entre las fuerzas de seguridad, así como comunicación previa con los juzgados que conocen los procesos de cada interno, dado que ningún traslado puede afectar derechos procesales sin autorización judicial.
Para los familiares de los internos, este tipo de traslados genera incertidumbre sobre el paradero de sus parientes y las condiciones del nuevo centro de reclusión. Organizaciones de derechos humanos han señalado en reiteradas ocasiones que los traslados sin suficiente información pueden afectar el derecho a la visita, la defensa técnica y el contacto con el entorno familiar de los presos.
El Inpec no entregó, en el reporte inicial, un listado detallado de los presos trasladados ni los penales de origen y destino. Tampoco se informó públicamente sobre cuántos de los 403 internos tienen relación con investigaciones por delitos de alto impacto, narcotráfico, crimen organizado o delitos comunes, ni si alguno de ellos se encontraba en condición de preso político o con beneficios administrativos vigentes.
Queda pendiente que el Gobierno nacional y el Inpec detallen los criterios técnicos aplicados, los destinos de los internos y el seguimiento que se hará a estas personas en los nuevos establecimientos. También se espera claridad sobre si este operativo marca el inicio de una política carcelaria más amplia durante el mandato de Abelardo de la Espriella o si responde a una situación coyuntural evaluada en el primer día de gestión.
La información fue publicada por el medio Infobae, que tuvo acceso a los datos oficiales del Inpec y a las explicaciones entregadas por la autoridad penitenciaria sobre el alcance y la motivación de los traslados.