En una publicación en su perfil de Facebook, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que en Colombia no habrá persecuciones contra quienes piensen distinto a su gobierno. La declaración fue replicada por usuarios en distintas redes sociales y generó reacciones divididas entre seguidores y opositores.
El mensaje se inscribe en la línea discursiva que el mandatario ha mantenido desde su posesión, cuando planteó la necesidad de un gobierno que convoque a distintos sectores sociales y políticos. De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que su apuesta es la de abrir canales de diálogo con regiones, gremios y partidos.
La garantía de no perseguir a los discrepantes es un compromiso que la Constitución de 1991 ya consagra en sus artículos sobre derechos fundamentales, libertad de expresión y debido proceso. Sin embargo, distintos gobiernos en Colombia han sido cuestionados por interceptaciones, seguimientos y judicialización a líderes sociales, periodistas y exfuncionarios.
En su publicación, el jefe de Estado no mencionó casos concretos, investigaciones en curso ni señalamientos contra personas específicas. Tampoco anunció mecanismos institucionales para verificar el cumplimiento de esa promesa, como podría ser una directriz presidencial a la Fiscalía General de la Nación o a los organismos de inteligencia.
Organizaciones de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación para la Libertad de Prensa han documentado en años anteriores denuncias por supuestas persecuciones políticas. Cualquier pronunciamiento presidencial en ese sentido suele ser recibido con atención por estos veedores, que suelen pedir que las palabras se traduzcan en actos verificables.
En el contexto político actual, la afirmación también se lee como un intento de diferenciarse de gobiernos anteriores que, según críticos, estigmatizaron a la oposición. La estrategia discursiva apunta a reducir la polarización y a construir una base de gobernabilidad más amplia, en un país donde los índices de confianza en las instituciones son históricamente bajos según mediciones como las del Barómetro de las Américas.
Desde la oposición, dirigentes de distintos partidos han pedido que la promesa se concrete en hechos. Senadores y representantes han planteado que la mejor forma de demostrar que no hay persecuciones es garantizar el acceso a la justicia, proteger a líderes sociales y respetar la independencia de los organismos de control.
En el ámbito internacional, el mensaje llega en un momento en que organizaciones como la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han emitido informes sobre la situación de la oposición y la prensa en Colombia. Un compromiso presidencial de no perseguir a discrepantes suele ser bien recibido por estos organismos, que suelen pedir su acompañamiento con medidas concretas.
Por ahora, el pronunciamiento queda como un compromiso retórico del primer año de gobierno. Lo que sigue es observar si las entidades del Estado actúan en coherencia con esa declaración, especialmente en escenarios donde se presenten investigaciones contra figuras políticas, periodistas o líderes sociales que disientan del Ejecutivo.
La ciudadanía, por su parte, puede evaluar el cumplimiento de esta promesa a través de indicadores como el número de denuncias por persecución política, las acciones disciplinarias contra servidores públicos que disientan y la independencia mostrada por la Fiscalía y la Procuraduría en sus decisiones.