El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió al paso del debate público en torno al proyecto de ley de sometimiento para organizaciones armadas. En sus declaraciones, recogidas por El Cronista, sostuvo que el texto que prepara el Gobierno no contempla el reconocimiento de estatus político para esos grupos, ni abrirá paso a negociaciones prolongadas ni a rebajas desproporcionadas de penas.
Según el funcionario, quienes decidan acogerse al mecanismo deberán responder ante la justicia. La fórmula, planteó Cancino, se aleja del modelo de procesos de paz anteriores en los que se negociaron acuerdos políticos con estructuras armadas, y se ubica en el terreno penal ordinario.
El proyecto de sometimiento es una herramienta prevista en el ordenamiento colombiano para que integrantes de organizaciones armadas ilegales entreguen armas, se desmovilicen y se sometan a la justicia a cambio de beneficios penales tasados por la ley. A diferencia de una mesa de diálogo, no implica el reconocimiento de beligerancia ni de representación política.
La aclaración del Ministro busca despejar dudas sobre el tipo de marco jurídico que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. En las últimas semanas, distintos sectores habían preguntado si el camino elegido sería similar al adoptado en gobiernos anteriores con grupos guerrilleros, una vía que siempre incluyó el reconocimiento de un actor político y un proceso de negociación formal.
Para los ciudadanos, la diferencia es concreta. Un sometimiento sin estatus político implica que los miembros de organizaciones armadas que se entreguen no serán tratados como contraparte de un acuerdo de paz, sino como personas que deben responder por sus actos ante los tribunales. Los beneficios, en caso de cumplir los requisitos, se limitan a lo que la propia norma establezca.
La postura del Ministerio de Justicia también fija un mensaje al Congreso, que deberá tramitar la iniciativa. Al descartar de entrada beneficios excesivos y cualquier reconocimiento de carácter político, el Gobierno intenta blindar el proyecto frente a los cuestionamientos que suelen aparecer cuando se debate el tratamiento penal de grupos armados.
Quedan por definir varios aspectos del texto, entre ellos los delitos que cubrirá, los beneficios específicos para quienes colaboren con la justicia y los plazos para la entrega. El Ministerio no anticipó fechas, pero señaló que el proyecto se dará a conocer en las próximas semanas, según reportó El Cronista.
La discusión se da en un contexto de atención permanente sobre la seguridad y el orden público en distintas regiones del país, donde la presencia de grupos armados sigue siendo motivo de preocupación para comunidades e instituciones. Cualquier decisión sobre sometimiento termina tocando ese escenario regional, aunque el debate central por ahora se concentra en el diseño legal.