El gobernador de Nariño salió al frente de las advertencias formuladas por el presidente Abelardo de la Espriella. Según el extracto publicado por La Opinión, el mandatario regional rechazó las versiones que apuntan a supuestas conversaciones clandestinas con grupos armados en su departamento.
En su pronunciamiento, el gobernador sostuvo que no hay nada por debajo de la mesa. Insistió en que todos los diálogos y gestiones de su administración se realizan de cara a la ciudadanía y respetando los conductos institucionales.
Nariño es uno de los departamentos con mayor presencia de organizaciones armadas ilegales y de cultivos de uso ilícito. Esa realidad histórica ha obligado a sucesivos gobiernos locales y nacionales a buscar mecanismos de interlocución con distintos actores, en medio de fuertes presiones sociales y de seguridad.
La respuesta del gobernador se da en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y varias gobernaciones por el manejo del orden público. El Ejecutivo ha reiterado que cualquier acercamiento con estructuras criminales debe pasar por la Fuerza Pública y la Fiscalía.
Para los ciudadanos nariñenses, el cruce de declaraciones revive la preocupación por el rumbo de la seguridad en zonas como el Pacífico y la cordillera, donde comunidades enteras quedan atrapadas entre el conflicto armado y la ausencia estatal. Las declaraciones cruzadas pueden profundizar esa incertidumbre.
Desde el ámbito institucional, el episodio pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre la autonomía territorial y las competencias exclusivas del presidente en materia de orden público. La Constitución asigna a los mandatarios locales funciones de convivencia, pero reserva la fuerza militar y las negociaciones con grupos armados al Gobierno nacional.
La Opinión también registró el tono del gobernador, que pidió respeto por su gestión y cuestionó la forma en que se difundieron las advertencias. No descartó llevar el caso a instancias de control político si las acusaciones no se sustentan con pruebas.
Por ahora, ambas partes mantienen posiciones firmes. El Gobierno nacional, según el extracto, insiste en verificar la información sobre los supuestos contactos. El gobernador de Nariño reitera su llamado a que se respete la verdad y el debido proceso.
El episodio deja abiertas varias preguntas sobre los protocolos de comunicación entre la Presidencia y las gobernaciones en materia de seguridad, y sobre el manejo reservado de inteligencia que termina filtrándose a la opinión pública. Esos puntos quedarán en el centro del debate en los próximos días.