Dan Newlin, abogado y empresario de origen estadounidense, aseguró públicamente que no ha entregado ni un dólar a la campaña del candidato conocido como el 'Tigre'. La declaración se produjo como respuesta directa a las acusaciones lanzadas por el presidente Gustavo Petro, según reportó el portal Infobae.
Newlin no se limitó a negar los aportes. También solicitó al jefe de Estado que muestre evidencias que respalden sus afirmaciones. Esa petición eleva el nivel del cruce, porque traslada la carga de la prueba al denunciante y no al denunciado.
El caso se inscribe en una dinámica de señalamientos sobre la procedencia de los recursos en campañas políticas. En distintos países, las acusaciones de financiación irregular suelen abrir investigaciones por parte de los organismos de control electoral. En Colombia, esa función la ejerce el Consejo Nacional Electoral, encargado de vigilar los ingresos y gastos de las campañas.
Hasta el momento, la fuente consultada no precisa en qué escenario ni en qué fecha exactas el presidente Petro habría formulado la denuncia. Tampoco se detallan montos, fechas de supuestos giros ni los mecanismos que, según el Gobierno, se habrían utilizado para canalizar los recursos.
Para la campaña de Abelardo de la Espriella, la controversia llega en un momento clave del calendario electoral. Los equipos jurídicos y de comunicaciones suelen reaccionar con rapidez cuando se vincula a un candidato con dinero del exterior, porque ese tipo de señalamientos puede activar sanciones administrativas y, en casos graves, investigaciones penales.
La reacción de Newlin muestra que el conflicto podría dirimirse en el terreno judicial o de control electoral antes que en el debate público. Una de las vías previsibles es que la campaña afectada radique una queja formal por injuria o calumnia, según lo que establece el Código Penal colombiano para este tipo de señalamientos.
Otro escenario posible es que el Consejo Nacional Electoral abra una indagación preliminar para determinar si existieron aportes foráneos no reportados. En ese proceso, la autoridad podría requerir información a entidades financieras, a la Unidad de Investigación Financiera y, de ser necesario, a autoridades de Estados Unidos.
Por ahora, el cruce de declaraciones queda instalado en la opinión pública. Petro deberá decidir si presenta las pruebas que le exige Newlin o si precisa el alcance de sus afirmaciones. La campaña de De la Espriella, por su parte, evalúa los pasos legales para defender su imagen ante los votantes.