El presidente electo Abelardo De La Espriella reveló cuál será una de las primeras decisiones que tomará al llegar a la Casa de Nariño. Se trata de un decreto orientado a reforzar la lucha contra delitos que golpean de manera directa a los habitantes de las ciudades más grandes de Colombia, según reportó el medio Ke se dice.
La apuesta se concentra en tres fenómenos: la extorsión, los atracos callejeros y los homicidios. Se trata de delitos que, por su recurrencia en zonas urbanas, suelen ser los que más percepción de inseguridad generan entre los ciudadanos y los que más presionan a las autoridades locales.
De La Espriella enmarcó la medida como su primera gran acción en materia de orden público. La frase que utilizó, según la fuente, fue directa: 'No más extorsiones, atracos y homicidios'. Con esa consigna buscó anticipar el tono que pretende imprimir a su gestión en seguridad desde el primer día.
La extorsión es uno de los delitos con mayor impacto económico y social en Colombia. Afecta a comerciantes, transportadores, trabajadores independientes y residentes de barrios populares, y en muchas ciudades se articula con estructuras criminales que operan tanto en las calles como desde centros carcelarios.
Los atracos, por su parte, son el delito cotidiano que más reporta la ciudadanía en las encuestas de victimización. Su frecuencia en espacios públicos como calles, parques, sistemas de transporte y zonas comerciales alimenta la sensación de vulnerabilidad, en especial en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
El anuncio llega cuando el país debate cómo mejorar los indicadores de violencia urbana. Gobiernos anteriores han recurrido a decretos, conmoción interior y planes especiales para enfrentar picos de inseguridad, con resultados que las propias autoridades han calificado como insuficientes en distintos momentos.
Al concentrar la primera decisión en seguridad, De La Espriella envía una señal sobre las prioridades de su administración. El decreto, una vez firmado, tendrá que pasar por el trámite de publicación y, dependiendo de su contenido, por controles de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, como ocurre con cualquier decreto con fuerza de ley.
Quedan varios puntos por conocer. El extracto difundido por Ke se dice no detalla los instrumentos específicos del decreto, los recursos que se asignarán ni las entidades que liderarán la implementación. Tampoco se mencionan metas cuantificables ni plazos para medir resultados, aspectos que suelen ser determinantes a la hora de evaluar el impacto real de este tipo de medidas.
La ciudadanía y los gremios económicos estarán atentos al texto definitivo del decreto y a las primeras cifras que se publiquen tras su entrada en vigor. La extorsión, los atracos y los homicidios son delitos con sistemas de medición a través de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que permitirá contrastar los avances con datos oficiales.