El presidente Abelardo de La Espriella fijó este lunes un mensaje directo hacia el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). En declaraciones recogidas por La FM, el mandatario aseguró que el derecho a la protesta social estará garantizado durante su Gobierno, pero advirtió que no se permitirá el bloqueo de vías ni los actos vandálicos.
Según el extracto citado por La FM, el jefe de Estado planteó que quienes recurran al cierre de carreteras o a hechos violentos "sentirán el peso de las autoridades". Con esa fórmula, la Administración diferencia entre la manifestación pacífica y las acciones que afectan la movilidad y la seguridad.
El Cric agrupa a varias autoridades indígenas del Cauca y tiene una larga trayectoria de movilización en el suroccidente colombiano. En administraciones anteriores, la relación entre el Gobierno nacional y esa organización se ha tensado por temas como la tierra, la presencia de grupos armados, los proyectos de infraestructura y el manejo del orden público durante las jornadas de protesta.
La referencia al Cric coincide con un escenario regional sensible. El Cauca registra bloqueos esporádicos en la vía Panamericana y otros corredores, situaciones que han afectado el tránsito de pasajeros y el transporte de carga entre el suroccidente y el centro del país. El Gobierno suele medir el impacto económico de cada cierre en términos de horas de inmovilización y de pérdidas para el comercio.
El pronunciamiento se inscribe en una línea de la actual Administración que busca separar, en el discurso, la protesta social de los hechos de violencia. Distintos gobiernos han intentado fórmulas similares para responder a la pregunta de cómo se concilia el derecho a la reunión pública con la obligación estatal de mantener la movilidad y proteger a la población.
Para la ciudadanía, el mensaje tiene dos caras. Por un lado, la garantía explícita del derecho a protestar, un derecho constitucional que la Corte Constitucional ha defendido en sentencias recientes. Por el otro, la advertencia de que las fuerzas del Estado actuarán frente a bloqueos y vandalismo, lo que abre el debate sobre los protocolos de intervención y el uso de la fuerza.
Desde la perspectiva institucional, la declaración pone a prueba la capacidad del Gobierno para sostener un solo mensaje frente a regiones con dinámicas de movilización propias. La comunicación con el Cric se da, además, en medio de expectativas sobre espacios de diálogo pendientes, como la Mesa de Diálogo y Negociación entre el Estado y los pueblos indígenas.
La FM no publicó por ahora una respuesta pública del Cric a las palabras del presidente. El observatorio seguirá de cerca si la organización emite un comunicado, si se convocan nuevas jornadas de protesta y si el Gobierno activa mecanismos formales de interlocución para atender los reclamos que han alimentado las tensiones en el Cauca.