El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Gobierno nacional revisar el régimen de fotomultas que se aplica en las ciudades y carreteras de Colombia. El anuncio se conoció a través del medio Río Noticias, que difundió las declaraciones del primer mandatario.
Según la información publicada por ese portal, De La Espriella fue directo al señalar el propósito de la decisión: las fotomultas, dijo, no pueden convertirse en una trampa contra los ciudadanos. Con esa frase, el jefe de Estado instaló el debate sobre los límites del control electrónico del tránsito.
Las fotomultas son comparendos impuestos a partir de cámaras o sensores automáticos que detectan infracciones de tránsito, como exceso de velocidad, cruces en rojo o uso indebido del carril. En Colombia funcionan desde hace más de una década y operan mediante sistemas instalados por alcaldías, gobernaciones y, en algunos casos, por concesiones viales.
El sistema actual entrega la detección al operador tecnológico y la imposición de la multa al organismo de tránsito correspondiente. Los recursos suelen destinarse, total o parcialmente, a financiar la operación del mismo esquema, lo cual ha generado críticas de veedurías y expertos en movilidad por los incentivos económicos del modelo.
La orden del presidente pone la lupa sobre dos puntos sensibles: la transparencia del proceso de notificación al conductor y la proporción entre la falta cometida y el valor de la sanción. En distintas ciudades, usuarios han reportado demoras en la entrega de las multas, dificultades para impugnarlas y cobros coactivos que se acumulan con intereses.
Aunque la Presidencia no publicó, hasta el momento del anuncio, el decreto con el alcance exacto de la revisión, la instrucción presidencial implica que ministerios como el de Transporte y el de Hacienda, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, deberán evaluar el marco normativo vigente. También podrían convocarse mesas técnicas con alcaldías, concesionarios y representantes de los usuarios.
La decisión llega en un momento de creciente debate sobre el costo de vivir en las ciudades y el peso de los tributos y sanciones sobre los hogares colombianos. Para miles de conductores, una fotomulta puede afectar el presupuesto familiar, sobre todo cuando se suma a otras obligaciones como el SOAT, la revisión tecnomecánica y el impuesto vehicular.
Sectores defensores de los derechos del consumidor han pedido históricamente que se revisen los topes máximos, los plazos de prescripción y los criterios para ubicar las cámaras. Con esta instrucción presidencial, esas solicitudes ganan un canal formal dentro del Ejecutivo.
Queda pendiente conocer los términos concretos de la revisión: si incluirá la suspensión temporal de cobros, la renegociación de contratos con operadores privados o la expedición de un nuevo marco regulatorio. El Gobierno también deberá precisar cómo se articulará la medida con los procesos de cobro coactivo que ya están en curso.
Por ahora, la orden presidencial abre una revisión de alcance nacional sobre un sistema que toca a millones de conductores cada año y que, según el propio presidente, debe dejar de operar como una trampa para los ciudadanos.