El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió a la advertencia del presidente de la República, Abelardo De la Espriella, sobre supuestas negociaciones de paz por debajo de la mesa. La declaración la entregó a La FM y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre los diálogos con grupos armados en el sur de Colombia.
Según el gobernador, en el departamento no se han adelantado conversaciones secretas con estructuras ilegales. "No se ha adelantado negociaciones por debajo de la mesa", sostuvo Escobar al ser consultado por la emisora sobre los señalamientos del primer mandatario.
La advertencia del presidente De la Espriella se inscribe en la tensión habitual entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios regionales cuando surgen denuncias sobre acercamientos con grupos armados. El sur del país, y en particular Nariño, ha sido escenario histórico de presencia de organizaciones como las disidencias de las FARC y otros grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.
En ese contexto, las afirmaciones del gobernador buscan desligar a la administración departamental de cualquier gestión paralela. Escobar ha gobernado en una región marcada por hechos de violencia y por la disputa entre distintos grupos armados por el control de las rentas ilegales, lo que hace sensible cualquier referencia a eventuales acercamientos.
El cruce de declaraciones pone sobre la mesa la relación entre el orden nacional y las autoridades locales. Mientras el Gobierno central insiste en que cualquier proceso de paz debe conducirse bajo protocolos oficiales, los gobernadores suelen negar públicamente su participación en reuniones no autorizadas para evitar investigaciones y señalamientos de la opinión pública.
La respuesta del gobernador llega en un momento en el que el Ejecutivo ha endurecido el discurso frente a los grupos armados que operan en zonas estratégicas para el comercio fronterizo y la producción de coca. Nariño es uno de los departamentos con mayor superficie de cultivos de uso ilícito, según registros históricos de Naciones Unidas.
Para los habitantes de Nariño, la controversia reaviva la preocupación por la seguridad y por la transparencia de eventuales diálogos. Organizaciones sociales y líderes comunitarios suelen exigir claridad sobre quién negocia, con quién y bajo qué condiciones, para que los acuerdos no se traduzcan en nuevas violencias contra las comunidades.
Por ahora, el gobernador negó cualquier negociación oculta y el presidente De la Espriella mantiene su advertencia. La discusión queda abierta y seguramente se retomará en los próximos espacios oficiales, donde se espera que ambas partes aclaren si existen o no contactos formales con estructuras armadas en la región.
La FM es la fuente de esta información.