La crisis que vive el sector arrocero en Colombia llegó a un nuevo pico luego de que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lanzara una frase que cayó como baldado de agua fría entre los productores. En un escenario marcado por los bajos precios del grano, el funcionario pidió a los arroceros que dejaran de sembrar arroz y se pasaran al marañón, un cultivo de mayor rentabilidad en otros mercados.
La declaración se inscribe en una de las coyunturas más duras que enfrenta la cadena arrocera del país. Los productores llevan meses denunciando que los precios pagados al productor no cubren los costos de producción. Esa presión, sumada al comportamiento de la oferta y la demanda, tiene a miles de familias campesinas en situación de riesgo económico en zonas como Tolima, Huila, Meta y Casanare, donde el arroz es eje de la economía regional.
El Ministerio de Agricultura es la cartera encargada de diseñar y ejecutar la política agropecuaria nacional, incluyendo la regulación de los precios de los productos del campo. Esa labor se apoya en mecanismos como los incentivos al almacenamiento, los programas de comercialización y los acuerdos con la industria molinera, que es la principal compradora del arroz paddy verde en Colombia. La crisis que hoy se profundiza es, en buena medida, un problema de comercialización: hay arroz en las fincas, pero el precio no cierra.
La reacción de los arroceros fue inmediata. Líderes gremiales y productores rechazaron el tono de la afirmación y recordaron que el arroz es uno de los renglones agrícolas más importantes del país en términos de área sembrada, empleo rural y aporte a la seguridad alimentaria. Pidieron al ministro soluciones concretas, no invitaciones a cambiar de cultivo, y cuestionaron que se pida a los campesinos abandonar una actividad en la que muchos han invertido durante generaciones.
La propuesta de migrar hacia el marañón tampoco dejó indiferente a nadie. Si bien se trata de un cultivo con mayor valor por kilogramo y con mercados externos en expansión, los mismos productores señalan que cambiar de un día para otro no es viable. La reconversión productiva exige asistencia técnica, créditos blandos, plazos largos y acompañamiento institucional, condiciones que, según los gremios, no han sido garantizadas por el Gobierno en otras crisis similares.
El episodio reabre un debate de fondo en la política agropecuaria nacional. En los últimos años, distintos gobiernos han impulsado programas de sustitución de cultivos, en algunos casos ligados a la lucha contra los cultivos de uso ilícito y en otros a la búsqueda de mayor competitividad del campo. La diferencia, según críticos y expertos, es que una reconexión productiva solo funciona si el Estado la acompaña con infraestructura, crédito y acceso a mercados, y no se reduce a un llamado de atención en un escenario público.
Para los consumidores, la crisis arrocera tiene una cara adicional. Colombia es uno de los mayores consumidores de arroz per cápita del mundo, y el grano hace parte de la dieta diaria de millones de hogares. Una caída sostenida en la producción o un desestímulo a la siembra podría terminar afectando la oferta interna, la estabilidad de los precios en las plazas de mercado y la dependencia de importaciones en un horizonte cercano.
Por ahora, el Ministerio de Agricultura no ha anunciado nuevas medidas específicas para atender la crisis de los arroceros más allá del cruce de declaraciones. Los productores esperan una mesa de trabajo con soluciones de fondo, mientras crecen las voces que piden la intervención del Ministerio de Comercio y de la Superintendencia de Industria y Comercio para revisar las condiciones de la compra del arroz por parte de la industria molinera. El desenlace de esta discusión seguramente marcará la agenda agropecuaria de las próximas semanas.
La frase del ministro, retomada por El Colombiano, dejó en evidencia que la relación entre el Gobierno y los arroceros atraviesa un momento de máxima tensión. En el campo, mientras tanto, la decisión de sembrar o no sembrar se toma con la calculadora en la mano, viendo cómo los ingresos no alcanzan para cubrir lo que cuesta producir. Esa es la realidad que, al final, ningún pronunciamiento puede sustituir.