El pronunciamiento se dio en el marco de la atención de los efectos de la ola invernal en varias regiones del país. En su intervención, el presidente mencionó de forma directa el caso de la Ungrd. Citó que la entidad habría girado COP 856.000 millones sin urgencia manifiesta durante la administración anterior. Con ese antecedente sobre la mesa, llamó a abrir una investigación para establecer qué pasó con esos recursos.
De la Espriella aclaró que pedir investigaciones no equivale a un llamado a desconocer lo construido en años anteriores. Lo dijo con una frase que se convirtió en el eje de su mensaje: “No significa olvidar”. Con esa expresión buscó separar la rendición de cuentas sobre posibles irregularidades de la continuidad de la acción del Estado en los territorios donde la emergencia golpea con más fuerza.
La Ungrd es la entidad responsable de coordinar la respuesta a desastres naturales en Colombia. Administra fondos públicos destinados a atender emergencias por lluvias, inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos. Por su naturaleza, los recursos que gira suelen moverse con criterios de urgencia. Cuando un contrato o convenio se justifica por urgencia manifiesta, el proceso puede flexibilizar requisitos ordinarios de contratación para responder con rapidez.
La figura de urgencia manifiesta está regulada en la ley de contratación estatal. Se aplica cuando una situación extraordinaria e imprevista exige atención inmediata. Su uso indebido es una de las hipótesis que han rodeado las investigaciones sobre la Ungrd en los últimos años, con señalamientos sobre contratos, convenios y giros a distintos municipios y departamentos. Esos procesos han sido seguidos por la opinión pública y por los organismos de control.
El llamado del presidente se inscribe en una línea de pronunciamientos en los que el Gobierno ha pedido transparencia sobre el manejo de recursos públicos. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han sido mencionados en distintos momentos como los conductos regulares para esclarecer eventuales responsabilidades. En su declaración, De la Espriella pidió que esas instancias actúen con los instrumentos que ya tienen a su disposición.
El contraste entre investigar y gobernar fue explícito en su mensaje. Reconoció que la emergencia invernal requiere respuestas rápidas en zonas afectadas por inundaciones y deslizamientos. Pero también planteó que esa respuesta no puede servir de pretexto para repetir prácticas cuestionadas. Esa tensión entre atender la crisis y vigilar el manejo de los fondos es uno de los puntos sensibles que enfrenta cualquier administración.
Para los ciudadanos, el episodio reabre un debate conocido. De un lado está la expectativa de que los recursos para atender desastres lleguen a tiempo a las comunidades. Del otro, la preocupación de que esos mismos recursos terminen en procesosjudiciales por mal uso. El Gobierno quedó con la tarea de demostrar, en la práctica, que ambos objetivos son compatibles en su gestión.
Quedan varios pasos por delante. Primero, que los organismos de control determinen si hubo o no urgencia manifiesta en los giros mencionados. Segundo, que se identifiquen los responsables, si los hay, y se establezcan las sanciones correspondientes. Tercero, que la administración actual publique cómo piensa manejar los recursos para la actual temporada de lluvias, para que la opinión pública pueda comparar.