El presidente Abelardo de la Espriella anunció una revisión de cerca de 40.000 comparendos por fotomultas que podrían haber sido impuestos de manera irregular, según reportó la fuente CW+. El anuncio se produjo en una intervención pública en la que el jefe de Estado sostuvo que estos sistemas de detección electrónica “no son para hacer negocios”, una frase que se convirtió en el eje de la declaración.
Las fotomultas son comparendos que se generan de forma automática a partir de cámaras o sensores que registran presuntas infracciones de tránsito, como exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo. En Colombia su operación ha estado a cargo de alianzas entre autoridades locales y operadores privados, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de los organismos de tránsito municipales y departamentales.
La cifra de 40.000 comparendos señalados por el Gobierno sugiere que la irregularidad, de comprobarse, no sería un caso aislado sino un patrón que afectaría a un número considerable de conductores en distintas ciudades del país. Esto abre la pregunta sobre el alcance territorial de la revisión y sobre cuáles son los municipios o departamentos donde se concentran los registros cuestionados.
De La Espriella no entregó, según el extracto disponible, un listado de los municipios ni de los operadores involucrados. Tampoco se precisaron las modalidades específicas de irregularidad que serían investigadas, como posibles cobros sin notificación, errores en la calibración de los equipos o doble imputación de sanciones a un mismo conductor.
El anuncio llega en un contexto de creciente debate sobre la transparencia de los sistemas automáticos de detección en Colombia. En los últimos años distintas veedurías ciudadanas y medios de comunicación han señalado fallas en la notificación de estos comparendos y dudas sobre los contratos entre alcaldías y los operadores tecnológicos que prestan el servicio de cámaras y procesamiento de imágenes.
Para los ciudadanos, una eventual revisión de 40.000 comparendos podría traducirse en la anulación o suspensión de sanciones, la devolución de dineros ya pagados y la apertura de procesos administrativos contra los operadores señalados. También podría derivar en ajustes regulatorios para los sistemas de fotodetección en el país.
El Gobierno no indicó, según la información disponible, un cronograma para la revisión ni la entidad que liderará el proceso. Queda pendiente conocer si la Presidencia entregará el caso a la Fiscalía, a la Contraloría o a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y si se abrirá una investigación contractual contra los operadores privados que administran las cámaras.
La declaración del presidente sitúa el tema en el centro de la agenda de movilidad y transparencia. Será el siguiente paso del Ejecutivo el que determine si la revisión anunciada se convierte en una depuración efectiva de los comparendos o si se queda en una declaración de intención sin efectos concretos sobre los conductores afectados.