El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se pronunció luego de los señalamientos del presidente Abelardo De La Espriella. Según el extracto disponible, el mandatario departamental fijó posición pública sobre el tema y descartó cualquier gestión con grupos armados.
La declaración central de Escobar fue directa: 'No tengo competencia para establecer contactos ni diálogos con actores armados y no lo voy a hacer'. Con esa frase, el gobernador marcó distancia frente a cualquier insinuación en sentido contrario y buscó cerrar el debate sobre su papel en ese tipo de acercamientos.
Los diálogos o contactos con estructuras armadas ilegales son, por mandato constitucional, atribución del Gobierno nacional. El ordenamiento colombiano reserva esa facultad al Ejecutivo federal, razón por la cual un gobernador no puede representar al Estado en esas mesas ni comprometer decisiones de esa naturaleza. Esa separación de roles suele invocarse cuando mandatarios regionales son cuestionados por su cercanía o distancia frente a esos grupos.
Nariño es uno de los departamentos donde la confrontación armada tiene mayor incidencia histórica por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal y a economías criminales en zonas rurales. Esa realidad ha hecho que la relación entre las autoridades locales y los grupos armados sea un asunto sensible y frecuentemente debatido en la opinión pública.
El cruce de declaraciones entre el presidente De La Espriella y el gobernador Escobar ocurre en un contexto de tensión por la seguridad regional, un tema que suele escalar cuando se registran hechos violentos atribuidos a esos grupos o cuando se discuten estrategias de contención territorial.
Para los ciudadanos de Nariño, la postura del gobernador tiene implicaciones prácticas. Si bien la competencia sobre el diálogo no es departamental, el liderazgo político regional sí influye en la articulación con la Fuerza Pública, en la atención a víctimas y en los programas sociales orientados a poblaciones afectadas por el conflicto armado.
La respuesta de Escobar se centró en despejar dudas sobre su conducta y en ratificar el respeto al orden constitucional. Al negar cualquier contacto con armados, el gobernador buscó preservar la legitimidad de su gestión ante el Gobierno nacional y ante los habitantes del departamento.
Queda pendiente conocer los señalamientos concretos que el presidente De La Espriella habría hecho contra el gobernador y que motivaron esta respuesta, ya que el extracto disponible no los detalla. Ese punto será clave para evaluar si el cruce de declaraciones continúa en los próximos días.