El presidente Abelardo de la Espriella volvió a pronunciarse sobre los diálogos que mandatarios regionales sostienen con grupos armados ilegales. En su mensaje, aseguró que no tolerará acuerdos clandestinos entre autoridades locales y estructuras criminales, según el reporte del extracto entregado como insumo para esta nota.
La advertencia es la segunda que el jefe de Estado dirige a los gobernadores en un corto periodo. La primera ocurrió durante un acto público en Mompox, donde señaló directamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por su participación en acercamientos con organizaciones al margen de la ley.
En Colombia, los diálogos regionales con grupos armados han sido una práctica recurrente desde hace varias décadas. Algunos gobernadores han facilitado encuentros humanitarios, liberaciones de secuestrados o acercamientos de exploración con bandas y disidencias, en muchos casos al margen de la política nacional de seguridad.
La figura del gobernador, según la Constitución, ejerce autoridad en el departamento y debe coordinarse con el Gobierno nacional en temas de orden público. Esa coordinación ha generado tensiones cuando las autoridades locales adelantan conversaciones que el Ejecutivo no avala o de las que se entera después.
Para los ciudadanos, el debate no es menor. Distintas regiones del país, entre ellas Nariño, han vivido años de violencia ligada a disidencias, ELN y bandas criminales. Los habitantes de esas zonas suelen ser los más afectados por bloqueos, extorsiones, desplazamientos y restricciones a la movilidad que imponen los grupos armados.
La reiteración del mensaje presidencial sugiere que, para el Gobierno, los acercamientos regionales sin aval nacional son un riesgo. El presidente De la Espriella plantea que cualquier conversación con estructuras criminales debe pasar por los canales oficiales y no puede quedar en la informalidad.
Por ahora, el extracto disponible no detalla qué gobernadores fueron convocados o cuestionados en esta nueva advertencia, ni si hubo réplica pública de los mandatarios señalados. Tampoco precisa si el Gobierno tomará medidas administrativas o penales contra quienes participen en estos diálogos.
El episodio deja abiertas varias preguntas: cómo se delimitará la línea entre la gestión política territorial y la política de seguridad nacional, qué papel jugará el Ministerio de Defensa y si se abrirá un canal formal para que los gobernadores informen sobre cualquier acercamiento con grupos armados.