El presidente Abelardo de la Espriella instruyó durante un consejo de seguridad en Barranquilla el arranque, esta semana, de operativos conjuntos entre Migración Colombia y la Policía Nacional. El objetivo declarado es identificar y expulsar a personas migrantes que se encuentren en condición irregular en el territorio colombiano, según informó Noticias Caracol.
La declaración del jefe de Estado se produjo en el marco de un consejo de seguridad, una figura de reunión interinstitucional que suele convocar el presidente con autoridades militares, de policía y de inteligencia para evaluar amenazas y definir acciones en regiones específicas. En esta oportunidad, el escenario elegido fue Barranquilla, capital del Atlántico y uno de los principales puntos de la costa Caribe colombiana.
Colombia ha sido en los últimos años receptor de flujos migratorios provenientes principalmente de Venezuela, y en menor medida de otros países de la región. La institucionalidad del país dispone de Migración Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad competente para los controles migratorios, mientras que la Policía Nacional apoya los operativos en terreno. La coordinación entre ambas entidades es el mecanismo ordinario para ejecutar procedimientos de verificación de estancia y deportación cuando se comprueba la irregularidad.
La orden presidencial se da en un contexto en el que el tema migratorio ocupa un lugar sensible en la agenda pública. La posibilidad de operativos de mayor envergadura ha generado reacciones divididas en distintos sectores, que debaten entre las necesidades de control fronterizo y los compromisos humanitarios con poblaciones vulnerables. En esta etapa, la información disponible se limita a la instrucción dada por el presidente y a la coordinación anunciada entre las dos entidades.
Para los ciudadanos colombianos, una eventual intensificación de controles y deportaciones puede traducirse en cambios visibles en la dinámica de barrios donde reside población migrante, así como en los puntos de entrada y salida del país. También implica una presión logística sobre las capacidades de Migración Colombia y de la Policía, que deberán ejecutar las verificaciones en el territorio nacional.
Según la fuente, el presidente fue directo al fijar el tono de la medida con la frase "No voy a aceptar migración ilegal". El mensaje apunta a una postura de línea firme frente a la migración sin documentación, sin que hasta ahora se hayan detallado públicamente protocolos especiales, plazos para el operativo ni criterios de focalización geográfica más allá de la coordinación general ordenada.
Queda por conocer en los próximos días el despliegue concreto de los operativos, las regiones priorizadas, el número estimado de personas que podrían ser objeto de verificación y los mecanismos de protección que se aplicarán a grupos con condiciones especiales, como menores de edad o personas con necesidades de protección internacional. La coordinación entre Migración y la Policía, ordenada por el presidente, marca el inicio formal de esa fase.
Noticias Caracol reportó el anuncio como parte de la agenda de seguridad del fin de semana. Por ahora, no se han pronunciado públicamente organizaciones de derechos humanos ni voceros oficiales de las comunidades migrantes en reacción a la medida, aunque se espera que el tema sea debatido en los próximos días en escenarios legislativos y de la sociedad civil.