El presidente electo Abelardo de la Espriella volvió a descartar su presencia en la ceremonia de posesión prevista para el 7 de agosto. En un nuevo cruce de declaraciones con el Gobierno nacional, insistió en que no concurrirá al evento si se realiza en una guarnición militar sin que antes se acuerde otra sede. La advertencia llega en plena cuenta regresiva para el inicio formal de su mandato.
El punto de la discordia es el lugar de la ceremonia. Según el secretario del Congreso, la realización del acto dentro de una guarnición militar exige el permiso expreso del jefe de Estado, es decir, del presidente Gustavo Petro. Esa interpretación jurídica del reglamento protocolario coloca al primer mandatario como llave de un eventual cambio de escenario.
La diferencia entre ambas partes había quedado planteada en días previos, cuando el equipo de De la Espriella reclamó una ceremonia en un lugar abierto a la ciudadanía y no en un recinto castrense. La petición buscaba ajustar el protocolo a una posesión más visible para los colombianos que lo eligieron en las urnas. La respuesta oficial condicionó la modificación a la decisión del jefe de Estado.
El protocolo de posesión presidencial en Colombia contempla reglas claras sobre el sitio del acto. Tradicionalmente se ha celebrado en la Plaza de Bolívar, ante el Congreso en pleno, con la presencia del primer magistrado de las altas cortes. Las variaciones de lugar suelen requerir acuerdos entre la Rama Ejecutiva y el Legislativo, así como la logística de seguridad a cargo de la Fuerza Pública.
Para los ciudadanos, la disputa tiene un interés simbólico. La posesión es el momento en que el nuevo presidente asume formalmente sus funciones ante el país, y el lugar donde ocurre marca el tono político del inicio del gobierno. Una ceremonia en una guarnición militar sugeriría un dispositivo de seguridad excepcional, mientras que un escenario civil suele asociarse con la apertura al público.
Mientras tanto, distintos sectores políticos han empezado a fijar posición. Sectores cercanos al gobierno saliente defienden la decisión de mantener el formato original con base en los protocolos de seguridad vigentes. Por su parte, voceros del entorno del presidente electo insisten en que la petición no es caprichosa y responde al deseo de una posesión cercana a la gente.
El reloj corre hacia el 7 de agosto. Cualquier modificación de sede exige una decisión pronta del despacho presidencial, así como la coordinación logística con la Registraduría, el Congreso y la fuerza pública encargada de la seguridad del acto. De no mediar un acuerdo, la ceremonia podría celebrarse en el lugar previsto con la ausencia del presidente electo, lo que abriría un capítulo inédito en la historia reciente del país.