El presidente Abelardo de La Espriella se refirió de manera directa al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y cuestionó que esté al frente de una administración local teniendo en cuenta sus procesos judiciales. La frase exacta, según recogió Canal 1, fue: “No voy a permitir que ponga las manos sobre esa plata”.
El pronunciamiento se enmarca en una escalada de fricciones entre el Gobierno nacional y algunos mandatarios locales con investigaciones abiertas. En Colombia, en gobiernos que tienen antecedentes judiciales en curso, el contraste entre el ejercicio del cargo y la situación procesal se ha convertido en un punto recurrente de debate público.
El intercambio se produce luego de que Acunha asumiera como alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre. La administración municipal maneja presupuestos destinados a programas sociales, infraestructura y contratación, recursos que el jefe de Estado señaló como objeto de su advertencia.
La expresión “recursos públicos” abarca los dineros del presupuesto nacional, las transferencias y los fondos que la Nación gira a los municipios para inversión. El control sobre estos recursos pasa por mecanismos de vigilancia como la Contraloría General, la Procuraduría y los ministerios del ramo.
En casos de mandatarios locales con investigaciones abiertas, el ordenamiento colombiano contempla figuras como la suspensión provisional, las medidas cautelares de los organismos de control y los juicios disciplinarios. Estas herramientas pueden activarse cuando se presume una afectación al interés público.
El hecho tiene implicaciones directas para los ciudadanos del municipio. Una disputa entre el nivel nacional y la alcaldía puede traducirse en demoras en obras, en la ejecución de programas sociales y en la firma de convenios que dependen de cofinanciación del orden central.
La declaración presidencial se suma a una línea de pronunciamientos en los que De La Espriella ha señalado a gobernantes regionales o locales cuestionados por la justicia. El Gobierno ha reiterado que el acceso a cargos de elección popular exige antecedentes judiciales compatibles con la responsabilidad del puesto.
Por ahora, no se conocieron reacciones oficiales de la alcaldía de Sincelejo ni de la defensa de Yahir Acuña tras la advertencia presidencial. Tampoco se informó sobre acciones disciplinarias o cautelares específicas abiertas contra el mandatario local en respuesta a estas declaraciones.
El episodio deja abiertas varias preguntas sobre el rumbo de la relación entre el Ejecutivo y la administración de Sincelejo, y sobre eventuales decisiones de los organismos de control frente al manejo de recursos públicos en ese distrito.