El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que pone fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, según informó el noticiero #Noti90. La medida reactiva la posibilidad de que los ciudadanos tramiten y obtengan estos permisos ante las autoridades competentes.
De acuerdo con el reporte, el mandatario aseguró que durante años se restringió al ciudadano común en el porte legal de armas, mientras otros sectores, según sus palabras, no acataron las mismas restricciones. Con el decreto, el Gobierno busca revertir esa asimetría y abrir el acceso al porte a quienes cumplan los requisitos legales.
En Colombia, el porte de armas de fuego está regulado por el Estatuto para la Defensa y la Seguridad Ciudadana y por normas complementarias del Ministerio de Defensa. La suspensión general había congelado la mayoría de los trámites, aunque la expedición de permisos para casos especiales y la tenencia en el domicilio continuaban bajo control de la autoridad militar.
La decisión implica que los colombianos que cumplan los requisitos legales podrán iniciar o reanudar los procesos ante el Comando General de las Fuerzas Militares para obtener, renovar o actualizar sus permisos. Las solicitudes siguen sujetas a antecedentes, exámenes médicos, pruebas de tiro y demás filtros establecidos en la normativa vigente.
Organizaciones civiles y expertos en seguridad ciudadana han debatido históricamente sobre el efecto del porte legal de armas en los índices de violencia. Mientras algunos sectores defienden el derecho a la legítima defensa y al acceso legal, otros advierten sobre los riesgos de una mayor circulación de armas en un país con altos niveles de criminalidad.
El decreto firmado por el presidente De la Espriella no elimina los controles existentes ni los requisitos para portar armas. Mantiene la obligación de acreditar idoneidad, no tener antecedentes judiciales y cumplir los demás requisitos que fija la ley. La diferencia es que se reabre el camino administrativo que estaba suspendido de manera general.
Quedan pendientes varios puntos por definir en los próximos días: la fecha exacta en que se reanudarán los trámites, las modificaciones al procedimiento de expedición de permisos y los criterios que se aplicarán para diferenciar a los ciudadanos que cumplían los requisitos durante la suspensión. El Gobierno no ha detallado públicamente esos aspectos.
La medida llega en un contexto de debate nacional sobre la seguridad en las ciudades y en las zonas rurales, donde tanto la población civil como las autoridades reconocen dificultades para enfrentar distintas formas de delito. El levantamiento de la suspensión se convierte así en uno de los primeros pasos del nuevo gobierno en materia de orden público.