El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, una entidad del Estado colombiano encargada de coordinar y hacer seguimiento a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Gobierno nacional y las extintas FARC-EP. El anuncio incluye de manera explícita el capítulo territorial de Buenaventura, según informó Noticiero 90 Minutos a través de su página en Facebook.
La noticia fue confirmada por el propio delegado del Gobierno ante esa unidad, quien aseguró que el programa de paz continuará su ejecución pese a la decisión anunciada por el presidente electo. El delegado reconoció la determinación de De la Espriella, pero sostuvo que los compromisos adquiridos con las comunidades y los excombatientes deben mantenerse hasta que se complete el proceso de transición.
La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz fue creada como parte del andamiaje institucional previsto en el Acuerdo Final para verificar, acompañar y agilizar la puesta en marcha de los puntos pactados, entre ellos la reforma rural integral, la participación política, la solución al problema de las drogas ilícitas y la reparación a las víctimas. Su funcionamiento ha sido objeto de debate político desde su creación, con sectores que piden su fortalecimiento y otros que consideran que debe restructurarse.
El capítulo de Buenaventura se refiere a los compromisos específicos pactados para este municipio del Valle del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y por problemas de violencia urbana, pobreza y débil presencia institucional. En ese territorio confluyen programas de sustitución de cultivos, atención a víctimas y proyectos productivos dirigidos a excombatientes y comunidades étnicas afrodescendientes.
El anuncio del presidente electo se produce en un momento sensible para la implementación de lo acordado. Organizaciones sociales, agencias internacionales y la propia Jurisdicción Especial para la Paz han señalado en distintas oportunidades que la implementación avanza con rezagos en varios puntos y que la continuidad institucional resulta clave para mantener la confianza de las comunidades firmantes del Acuerdo.
Desde el Gobierno saliente, el delegado aseguró que el programa de paz seguirá ejecutándose con la estructura actual mientras se concreta el traspaso de funciones. Esa postura busca transmitir un mensaje de tranquilidad a los excombatientes que actualmente se encuentran en proceso de reincorporación, así como a los firmantes que dependen de los proyectos productivos y del acompañamiento psicosocial previsto en el Acuerdo.
La decisión de eliminar la unidad choca con la visión de diversos sectores que piden, en cambio, dotarla de mayor presupuesto y capacidad técnica. La discusión se enmarca en el debate nacional sobre el rumbo del proceso de paz en Colombia, un tema que sigue generando divisiones entre quienes consideran que los acuerdos deben cumplirse integralmente y quienes sostienen que requieren ajustes sustanciales.
Por ahora, no se conoce el mecanismo específico mediante el cual el nuevo gobierno piensa liquidar la entidad ni cómo se redistribuirán sus funciones. Tampoco se ha precisado qué organismo asumiría el seguimiento de los compromisos pendientes con las comunidades de Buenaventura y con los excombatientes en proceso de reincorporación en todo el país.
El calendario de transición marca que el nuevo gobierno asume el 7 de agosto, por lo que las decisiones anunciadas por De la Espriella se materializarían una vez iniciada su administración. Mientras tanto, el debate sobre el futuro del Acuerdo de Paz y de sus entidades implementadoras continuará en el escenario político y mediático colombiano, con reacciones pendientes de sectores como las víctimas, la comunidad internacional y los partidos políticos.