El presidente Abelardo de La Espriella envió un mensaje directo a las organizaciones armadas ilegales que operan en el país. Según Revista Semana, el jefe de Estado aseguró que el Estado colombiano tiene que proteger a los niños y adolescentes con inteligencia y decisión, en referencia al reclutamiento forzado de menores que perpetran esos grupos.
De La Espriella fue categórico al calificar a los menores como “sagrados”, una expresión que resume el tono de su pronunciamiento. La declaración se produce en un contexto en el que el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una de las violaciones más graves a los derechos de la infancia en Colombia, un fenómeno que organizaciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo han documentado durante años.
El reclutamiento forzado de menores es un delito tipificado en el Código Penal colombiano, con penas agravadas cuando la víctima es menor de 18 años. Además, Colombia es signataria del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, lo que compromete al Estado a prevenir y sancionar cualquier forma de utilización de menores por grupos armados.
La advertencia presidencial pone el foco en la responsabilidad institucional frente a los grupos armados que delinquen fuera de la ley. El mensaje implica un llamado a reforzar las estrategias de inteligencia, protección y prevención en las zonas donde históricamente las organizaciones ilegales han captado menores, muchas veces mediante amenazas, engaños o presión directa sobre sus familias.
Para las familias en regiones afectadas por la presencia de grupos armados, el pronunciamiento tiene una lectura práctica: el Ejecutivo reconoce la gravedad del problema y plantea actuar con “inteligencia y decisión”. Sin embargo, la efectividad de esa voluntad dependerá de las medidas concretas que se traduzcan en operativos, programas de prevención y rutas de protección para los menores en riesgo.
Organizaciones de derechos humanos han reiterado que el reclutamiento de menores no se combate solo con operativos militares. Programas de desvinculación, acompañamiento psicosocial y garantías de no repetición forman parte de las recomendaciones que suelen acompañar este tipo de alertas desde la sociedad civil.
La declaración también llega en un momento en el que la comunidad internacional observa de cerca la situación de la infancia en zonas de conflicto colombiano. Entidades como Unicef han insistido en que la protección de los niños debe ser una prioridad transversal de la política de seguridad y de paz del país.
Queda por verse cómo se materializa la advertencia presidencial en acciones específicas contra los grupos armados que reclutan menores. El Gobierno deberá ahora informar frente a la ciudadanía los resultados de las medidas anunciadas y las regiones priorizadas para intervenir este delito, que vulnera de manera directa los derechos de la infancia y la adolescencia colombiana.