La nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo Cañavera, anunció al inicio de su gestión una revisión exhaustiva del proceso de contratación que ha manejado la entidad en los últimos años. El anuncio se produjo poco después de su posesión y responde a la preocupación por el crecimiento acelerado del número de contratos firmados, según informó El Colombiano.
De acuerdo con los datos divulgados por la funcionaria, el ICBF suscribió 221.201 contratos al comenzar el periodo, una cifra que ascendió a 418.805 al cierre del tercer año de gobierno. El incremento representa un crecimiento cercano al 90 % en el volumen de contratos, lo que llevó a la nueva dirección a calificar la situación como una alerta institucional que requiere análisis inmediato.
El ICBF es la entidad del Estado colombiano encargada de la protección y atención integral de la primera infancia, la adolescencia y las familias en situación de vulnerabilidad. Su presupuesto proviene en buena parte de recursos públicos nacionales, por lo que la ejecución contractual tiene impacto directo en la cobertura de programas sociales, la atención nutricional y los servicios de protección a menores en todo el país.
El crecimiento de la contratación ocurre en un contexto de expansión de la oferta institucional del ICBF, que durante los últimos años implementó programas orientados a la atención de niños y madres en distintas regiones. Sin embargo, el volumen de contratos firmados supera con creces el ritmo de crecimiento que han tenido otras entidades del sector social, lo que motivó las preguntas planteadas por la nueva administración.
La revisión anunciada por Restrepo Cañavera contempla la verificación de los objetos contractuales, los montos ejecutados, los contratistas seleccionados y la trazabilidad de los procesos. La funcionaria señaló que el objetivo es establecer si existieron irregularidades, sobrecostos o duplicidades en la contratación, y que los hallazgos serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.
Desde distintos sectores se han pronunciado voces que piden claridad sobre el manejo de los recursos del bienestar familiar. Organizaciones de control ciudadano y veedurías especializadas han solicitado en reiteradas ocasiones auditorías externas a la entidad, argumentando que el volumen de contratos dificulta la supervisión directa por parte de la ciudadanía y de los entes de control.
Para los ciudadanos, esta revisión tiene implicaciones directas. El ICBF atiende a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, a través de modalidades como los Centros de Desarrollo Infantil, los hogares sustitutos y los programas de alimentación escolar. El uso adecuado de los recursos contratados determina la calidad y la continuidad de estos servicios en municipios pequeños y zonas rurales, donde el Estado llega principalmente a través de esta entidad.
La nueva directora también informó que se están evaluando los mecanismos de transparencia con los que la entidad publica su contratación. La plataforma de contratos del ICBF, administrada bajo las normas de contratación pública vigentes, será revisada para garantizar que la información esté disponible de manera clara y actualizada, y que cualquier persona pueda conocer el objeto, el valor y el contratista de cada proceso.
Por ahora, la dirección del Instituto solicitó un reporte detallado a las áreas de contratación y jurídica para consolidar la línea base de los contratos firmados en el periodo señalado. Con esa información se definirá el alcance de la auditoría y se establecerán los plazos para entregar resultados, según reportó El Colombiano. Queda pendiente la definición de si los hallazgos serán entregados a la Contraloría General de la República o a la Procuraduría, dependiendo de la naturaleza de las posibles irregularidades.