Ana María Vesga, ministra designada de Salud para el gobierno que asumirá el 7 de agosto de 2026, presentó las primeras líneas de trabajo de su cartera. Entre los anuncios centrales está el incremento del pago directo a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y modificaciones en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), según informó Valora Analitik.
La UPC es el valor que el sistema de salud reconoce por cada persona afiliada para cubrir los servicios del plan de beneficios. Cualquier ajuste en este indicador tiene efectos directos en el flujo de recursos entre el Estado, las EPS y los prestadores de servicios, como hospitales y clínicas.
Durante años, el sistema de salud colombiano ha girado en torno a las EPS, que reciben los aportes de los trabajadores y los recursos del Estado para organizar la atención de los afiliados. La relación entre esos pagos, la UPC y la suficiencia financiera de las entidades ha sido motivo de debates técnicos y políticos recurrentes.
El anuncio de modificar la UPC se inscribe en una discusión más amplia sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Las EPS han reclamado en distintos momentos que los valores que reciben por usuario no cubren los costos reales de la atención, mientras que el Gobierno y los organismos de control han señalado fallas en la gestión y el uso de los recursos.
Según Valora Analitik, la ministra designada indicó que el alza del pago directo a las EPS busca ajustar los flujos de dinero dentro del sistema. Este tipo de pagos directos suele asociarse a mecanismos para reducir la intermediación administrativa y priorizar el giro a la atención en salud.
La fecha de entrada en vigencia de las medidas, el 7 de agosto de 2026, coincide con el inicio formal del gobierno de Abelardo de la Espriella. Hasta ese día las decisiones del Ministerio de Salud seguirán en cabeza del equipo actual, por lo que los anuncios funcionan como una hoja de ruta anticipada del nuevo gobierno.
Para los usuarios del sistema, los cambios en la UPC y en los pagos a las EPS pueden traducirse en ajustes sobre la cobertura de servicios, la red de prestadores disponibles y los tiempos de autorización de procedimientos. El alcance preciso dependerá de los decretos y resoluciones que expida el Ministerio en los próximos meses.
Por ahora, la ministra designada no ha detallado el porcentaje de incremento en la UPC ni los rubros específicos que se modificarán. Queda pendiente conocer si los cambios exigirán ajustes en los presupuestos del sistema, nuevas mesas de concertación con las EPS y el cronograma de transición hacia el nuevo esquema.
El sector salud aguarda además las decisiones sobre la reforma que venía tramitándose en el Congreso. Cualquier modificación a la UPC y a los pagos directos deberá coordinarse con el marco legal vigente y con la Superintendencia Nacional de Salud, el ente de vigilancia del sector.