El Decreto 1368, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, ya fue publicado en el Diario Oficial y entró en vigencia con una nueva reglamentación sobre el porte legal de armas en Colombia. La medida sustituye el esquema previo y redefine los criterios bajo los cuales un ciudadano puede portar un arma de fuego en el territorio nacional.
Según el extracto de Infobae, el Ejecutivo justificó la norma con un balance de 15.700 armas ilegales incautadas por la fuerza pública en lo corrido del año. De ese total, más de 14.100 habrían estado vinculadas con delitos, un dato que el Gobierno expuso como argumento central para endurecer las condiciones de acceso al porte.
El decreto se presenta en un contexto marcado por el debate sobre la efectividad de las restricciones existentes. El propio Ejecutivo reconoció que la reglamentación anterior limitó a ciudadanos que cumplen la ley, pero no logró frenar el armamento de las estructuras criminales que operan al margen de la legalidad.
En Colombia, la regulación del porte de armas ha oscilado entre periodos de restricción más severa y etapas de liberalización parcial. La nueva norma se inscribe en la tendencia, impulsada por distintos gobiernos, de condicionar la tenencia y el porte a requisitos más estrictos de antecedentes, capacitación y justificación de necesidad.
La decisión afecta de manera directa a los ciudadanos que tramitan o renuevan permisos de porte ante la autoridad competente. Con los nuevos criterios, los solicitantes deberán acreditar de forma más precisa las circunstancias que justifiquen la autorización, lo que podría traducirse en un número menor de permisos vigentes en el corto plazo.
Para la fuerza pública, el decreto implica un marco más claro para focalizar los controles sobre armas que circulan sin permiso, muchas de ellas vinculadas a organizaciones criminales. Las cifras oficiales de incautación difundidas por el Ejecutivo sirven como punto de referencia para medir, en los próximos meses, si la medida se traduce en cambios verificables en los indicadores de violencia armada.
Sectores que defienden el porte legal argumentan que las restricciones castigan a usuarios deportivos, cazadores y ciudadanos responsables, sin afectar a quienes obtienen armas por canales ilegales. El Gobierno, por su parte, sostiene que el nuevo esquema apunta a cerrar ese tipo de brechas y a concentrar los esfuerzos en el armamento criminal.
Queda pendiente conocer el texto completo del decreto y los reglamentos complementarios que expedirán las autoridades competentes para su aplicación. También se espera el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo sobre el alcance de la medida y su impacto en los procesos judiciales en curso.
La entrada en vigencia del Decreto 1368 abre así una nueva etapa en la política de armas del país. Su evaluación, según el propio Ejecutivo, se medirá en resultados concretos: menos armas ilegales en circulación y más herramientas para que la fuerza pública actúe contra las estructuras que las utilizan.